Tras eventual negociación de paz, parte de la cúpula del ELN no sería capturada por atentado a Escuela General Santander en Bogotá

Dentro de la investigación que se adelanta luego del atentado perpetrado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander el 17 de enero del 2019 en el oriente de Bogotá, en el que murieron 22 uniformados, la Fiscalía General de la Nación llamará a juicio al Comando Central del ELN (Coce) tras encontrarlo responsable del hecho.

Sin embargo, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura a los negociadores del ELN, es decir, si se emitiese una condena contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Luz Amanda Pallares, alias Silvana Guerrero, estos no serían detenidos, ya que el Gobierno nacional reconoció a dichos subversivos como negociadores en el futuro proceso de paz que se adelante con esta guerrilla.

Cabe destacar que por los hechos ocurridos en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander, el ente investigador acusó a Eliécer Erlinto Chamarro, alias Antonio García; Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; y Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, por los delitos de actos de terrorismo, rebelión agravada y homicidio en persona protegida.

Así mismo, y por los mismos delitos, los guerrilleros pertenecientes a la Dirección Nacional del este grupo subversivo también serán llamados a juicio. Por ende, Juan de Dios Lizarazo, alias David Piñata; Ciprina Isabel Real, alias Tania; y Luz Amanda Pallares, alias Silvana, serán acusados por este atentado.

Fiscalía suspendió órdenes de captura a negociadores del ELN

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara el inicio de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, el fiscal Francisco Barbosa advirtió que fueron suspendidas las órdenes de captura que pesan en contra de quienes ahora se convirtieron en negociadores de este proceso.

De acuerdo con el fiscal general, las órdenes de captura se suspenden por tres meses y la decisión se toma justamente después de conversar con el Gobierno nacional y advertir que las negociaciones se materializarán en las próximas semanas. Insiste el jefe del ente acusador que la decisión de suspender las órdenes de captura obedece a la política de colaboración que debe existir entre las entidades del Estado.