El Congreso empezó a ponerles la lupa a los 8.646 contratos por prestación de servicios que ha firmado este año la Agencia Nacional de Tierras y que suman 358.000 millones de pesos en pago a funcionarios. Hay polémica porque esa entidad, a cargo de Juan Felipe Harman, está contratando cuatro veces más el personal que tenía en 2022. En el fondo hay un grave problema administrativo porque, desde enero, la agencia firmó contratos a seis meses y no a un año, como otras entidades públicas. Así, el epicentro de la reforma agraria se autocondenó a tener retrasos semestrales.
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