Procuraduría respalda nulidad del caso de Aníbal Gaviria

Mientras el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sigue en casa por cárcel en un capítulo de la justicia colombiana que no parece muy claro, la Procuraduría General de la Nación se plegó a los argumentos de la defensa y pidió a la justicia que se anule el proceso que hasta ahora deja al departamento en una situación inédita, pues Gaviria no ha gobernado ni la mitad de meses que corre del periodo para el que fue elegido.

En un comunicado de prensa publicado en Twitter, Gaviria expuso que la Procuraduría argumentó la incongruencia que revista que la Fiscalía haya decidido procesar al gobernador por medio de la Ley 600, en el que el ente acusa pero también puede privar de la libertad de los procesados mientras recauda información.

Y es que según argumentó la Procuraduría, “de cara al nuevo sistema no puede tolerarse que la Fiscalía pueda restringir por iniciativa propia derechos de los ciudadanos pues con ello se convertiría en árbitro de sus propios actos”.

En síntesis, la Procuraduría está apoyando la petición de la defensa, desde donde se aboga que la captura está viciada porque Gaviria está siendo procesado bajo la ley 600 y no la 906 de 2002 —o sistema penal acusatorio—, donde se instauran los jueces de garantías que defienden la libertad de los investigados.

Hay que recordar que cuando fue aprobada la Ley 906, al sistema judicial se le dio un periodo de gracia —hasta el 31 de diciembre 2008— para migrar los nuevos casos. Justo la defenssa lo que argumentó es que los hechos investigados son de 2007 y que la investigación comenzó en 2019, por lo que no hay razón para que la Fiscalía optara por el camino de la ley 600.

Ahora, después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara dicha solicitud de nulidad, el caso ha ido a parar a la Sala de Casación Penal y la situación de Aníbal Gaviria parece que pasa de castaño a oscuro.