“Quieren aprobar en menos de un mes el proyecto de ley que acabaría la propiedad privada en Colombia”: Katherine Miranda

El gobierno del presidente Gustavo Petro radicó mensaje de urgencia para el proyecto por medio del cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, que reglamenta el nuevo tribunal creado, por mandato del acuerdo de paz con las Farc, para resolver pleitos en el campo colombiano. Katherine Miranda, quien ha advertido varios puntos peligrosos de la iniciativa, no está de acuerdo con que se intente tramitar en menos de un mes.

La representante a la Cámara ha advertido en varias ocasiones que se intenta meter un artículo que permite la “expropiación exprés”.

“Señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural. ¿Cuál es el rasero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”, cuestionó Miranda luego de haberse radicado el proyecto.

Ahora el Gobierno busca aprobarlo de forma acelerada, por lo que la congresista de la Alianza Verde volvió a encender las alarmas.

“Mensaje de urgencia para el PL de expropiación exprés. 1. Elimina el debido proceso. 2. Expropiación total. 3. Legaliza las invasiones. Quieren aprobar en menos de un mes el proyecto de ley que acabaría la propiedad privada en Colombia”, manifestó la representante a través de su cuenta de X.

Semanas atrás, la congresista advirtió sobre la posible expropiación incluida en el proyecto de reglamentación, que viene denunciando desde que se intentó incluir en el Plan Nacional de Desarrollo.

La congresista señaló que el artículo 5 habla de la “función social y ecológica de la propiedad agraria”. En ella establecen que las actividades de la reforma agraria y desarrollo rural “son de utilidad pública e interés social” y que la concentración “improductiva u ociosa” de las tierras va en contra de este principio.

Al mismo tiempo, la Constitución Política, en su artículo 58, ordena que en casos de conflicto “el interés privado deberá ceder al interés público o social”.

“La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”, agrega.

De esta forma, la reglamentación de la nueva jurisdicción lleva a los predios de vocación agrícola a ser automáticamente de utilidad pública. Esto abriría las puertas a la expropiación y genera una fuerte polémica.

Al mismo tiempo, el artículo 12 del proyecto entrega superpoderes a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Esta entidad entra a dirimir conflictos “de todos los demás asuntos agrarios y rurales para los cuales no exista regla especial de competencia”.

La iniciativa, que muchos ven como peligrosa para la propiedad privada en el país, cuenta ahora con mensaje de urgencia desde el Gobierno nacional, que implica que su trámite se acelere y que logre ser aprobada en su totalidad antes de que termine el año 2024.

El proyecto hace parte del cumplimiento de compromisos del acuerdo de paz de 2016 con las comunidades campesinas. Al mismo tiempo, con la inclusión de artículos como los anteriormente señalados, hace parte fundamental de la reforma agraria que adelanta el Gobierno.