“Quiero ver a la Fuerza Pública pendiente de los jíbaros que están en colegios”: el pedido de la procuradora Margarita Cabello

No paran las reacciones ante la decisión del presidente Gustavo Petro de derogar el Decreto 1844 de 2018, que confería facultades a la Policía Nacional para combatir el microtráfico en espacios públicos. Ante lo que conlleva para los menores de edad, la procuradora general, Margarita Cabello, se ha mostrado en contra de la decisión.

Tras la determinación, la procuradora ha expresado su preocupación y llamado a la acción para controlar la proliferación del microtráfico en los entornos escolares y otros lugares frecuentados por niños, niñas y adolescentes. La jefa del Ministerio Público, independientemente de las decisiones gubernamentales, espera ver un compromiso firme por parte de las autoridades en este sentido.

En sus declaraciones, Cabello Blanco destacó la necesidad de que la Fuerza Pública esté atenta a la presencia de “jíbaros” en los colegios, quienes aparentan usar drogas en dosis personales para inducir a los estudiantes al consumo de sustancias ilícitas. La procuradora hizo hincapié en la importancia de salvaguardar a la juventud del país y aseguró que es fundamental tomar medidas para prevenir y contrarrestar esta problemática.

“Quiero ver a la Fuerza Pública pendiente de todos los jíbaros que están en los colegios aparentando que usan la dosis personal para inducir a nuestros niños en el consumo de drogas”, pidió la procuradora Cabello.

La máxima representante del Ministerio Público recordó la posición de la Corte Constitucional, que ha validado la prohibición absoluta del porte y consumo de drogas en espacios públicos cuando esto amenace los derechos de los menores. En este contexto, hizo un llamado al Gobierno para que reevalúe su posición con respecto a esta cuestión y adopte medidas más rigurosas para proteger a la población más joven del país.

La procuradora subrayó la importancia de abordar de manera integral el problema del microtráfico, no solo desde el punto de vista legal, sino también con estrategias de prevención y concientización en las instituciones educativas. Su llamado resaltó la necesidad de una colaboración estrecha entre las autoridades, la comunidad educativa y la sociedad en general para garantizar un entorno seguro y libre de drogas para los niños y jóvenes de Colombia.