La preocupación por la reforma agraria del Gobierno Petro va más allá de la orden para que los campesinos salgan a las calles y respalden la iniciativa. Varios congresistas temen que el decreto que reglamentará la extinción de dominio de predios rurales con el fin de facilitar la compra de tierras termine en una expropiación segura.
Por eso, alertan que la propiedad privada está en riesgo, teniendo en cuenta que los procesos administrativos podrían ser culminados de forma anticipada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), eliminando la etapa judicial que corresponde en estos casos.
Igualmente, habría una posible presión para forzar las ventas, dado que el propietario podría perder hasta un 40 por ciento del valor de su terreno si no cede a las pretensiones de la autoridad. El plazo para comentar el texto del Gobierno se amplió hasta el 30 de septiembre. Ya van 130 observaciones de distintos sectores.
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