Con nombres propios

La reforma a la justicia tiene implicaciones políticas interesantes que hasta ahora no todo el mundo ha registrado. Una de estas es la inhabilidad por cuatro años para funcionarios como el fiscal, el procurador y el contralor para aspirar a cargos de elección popular. Eso en abstracto suena neutral, pero al ponerles nombre propio la cosa se complica. De aprobarse esta reforma, no podrían aspirar en 2022 ni Néstor Humberto Martínez, ni Fernando Carrillo ni Edgardo Maya. Ninguno ha manifestado abiertamente tener esa intención, pero en Colombia se sabe que todo funcionario de alto rango tiene en su corazoncito una aspiración secreta.