Seguidores de Miguel Polo Polo piden a la Policía la captura de Alejandro Riaño ¿Por qué?

Internautas afirman que el representante a la Cámara por las comunidades afro también ha sido víctima del racismo, luego de que el tema se volviera una tendencia en redes sociales.

Luego de las marchas realizadas el pasado lunes 26 de septiembre, se viralizó un video en el que una de las manifestantes arremetió con comentarios hacia la vicepresidenta Francia Márquez, lo cual fue tachado como racistas por numerosos internautas y hasta el presidente Gustavo Petro salió a rechazarlos desde su cuenta personal de Twitter.

A raíz de este acontecimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una imagen con la fotografía de la señora que protagonizó el video, donde pedía ayuda para identificarla, en una forma de total rechazo a la discriminación y a la violencia, que, por supuesto, generó indignación en las redes sociales.

Pero el caso no para de escalar, pues en toda la polémica por el racismo, entraron los seguidores de Miguel Polo Polo, representante a la Cámara por las comunidades afro, alegando que el joven también ha sido víctima de estos discursos de odio y señalaron específicamente al comediante Alejandro Riaño.

En Twitter, el nombre del representante llegó hasta el top seis de tendencias en Colombia debido a los señalamientos, entre los cuales se pueden encontrar trinos de quienes lo defienden con comentarios como: “A Polo Polo le quieren tumbar la curul porque no le perdonan ser un afro de derecha, nada más racista que un zurdo” o “Peor aún, Alejandro Riaño monetizó el racismo contra Polo Polo, la señora NO. ¿No debería entonces ser judicializado?”

En consecuencia, el mismo Polo Polo se ha apersonado de la tarea de retuitear algunos de los momentos en los que, al parecer, el humorista le habría discriminado con mensajes racistas, de los cuales ha sido víctima.

Lo cierto es que la manifestante que colocó el tema sobre la mesa con el video podría pagar hasta $13 millones de pesos en multa por el delito de discriminación, contemplado en el Artículo 134. “El que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.