Sin haber sido radicada, la reforma a la educación ya enfrenta su primer ‘chicharrón’, ¿qué pasó?

Una de las principales apuestas legislativas del Gobierno Nacional en este nuevo semestre será la reforma a la educación superior. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien reveló que el 20 de julio, cuando inicia la nueva legislatura, será presentada de manera oficial el articulado al Congreso.

Entre lo que se ha conocido está el hecho de que la reforma sería radicada en la comisión sexta de la Cámara de Representantes (donde se tramitan temas educativos).

Uno de los elementos clave tiene que ver con el financiamiento de las universidades. La idea es cambiar la fórmula que se usa actualmente para otorgar recursos a las instituciones de educación superior públicas.

Hoy en día los incrementos del presupuesto que asigna la Nación a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor, una fórmula que tiene hoy a estas instituciones con un grave déficit. La idea es cambiar este mecanismo para que a partir de la promulgación de la ley, en caso de que pase, la base presupuestal se incremente anualmente de acuerdo con el Índice de Costos Universitarios del Dane.

El otro elemento clave es que se buscará declarar un derecho fundamental y no un servicio, como está hoy en día.

“Uno de los ejes principales tiene que ver con el carácter de la educación. Es un aspecto común en toda la deliberación que esta reforma integral a la Ley 30 ponga la visión de la educación de un servicio, como dice la norma actual, a un derecho fundamental. Este es el principal eje de deliberación”, explicó la ministra de Educación, Aurora Vergara.

No obstante, esto acarrea un problema para el Gobierno, pues al tratarse de derechos fundamentales, algunos juristas consideran que la norma dejaría de ser un proyecto ordinario y pasaría a ser una ley estatutaria.

Las leyes estatutarias son más difíciles de pasar, pues requieren mayorías especiales y deben superar sus cuatro debates en un solo semestre. Adicionalmente, este tipo de normas se deben discutir en las comisiones primeras del Congreso, donde el Gobierno ha tenido inconvenientes.