Tribunal Administrativo de Cundinamarca admite demanda contra el IDU por peatonalización de la carrera séptima

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de grupo para “la reparación de los perjuicios causados” a los comerciantes y residentes afectados por los retrasos en la peatonalización de la Carrera Séptima, especialmente en el centro de Bogotá.

De acuerdo con el abogado experto en derecho urbanístico Juan José Santacruz Rodríguez, quien actúa en representación de los comerciantes y residentes afectados, “se espera que la justicia condene a este tipo de entidades ejecutoras de obras, puesto que se busca su responsabilidad con base en lo que las entidades de control distrital han denominado para este caso en concreto como ‘fallas en el principio de planeación y seguimiento’”.

La obra que tiene sus inicios en 2012, y que tuvo como presupuesto, de acuerdo con cifras de la Alcaldía Mayor de Bogotá, más de 40.000 millones de pesos para intervenir la carrera Séptima entre las calles 12 hasta la 26, finalmente concluyó sobre el mes de marzo del 2020.

La misma tuvo serias críticas y reparos por parte de expertos en movilidad, Fenalco, la Contraloría Distrital, la Personería Distrital y el Consejo de Bogotá, instancias desde las cuales hace 10 años se hacían llamados a revisar el planeamiento previo a la ejecución del proyecto y los impactos que este tendría para los comerciantes y residentes en su desarrollo y después de su culminación.

Luego de una acción popular que buscó “la protección del patrimonio público, la moralidad administrativa, y la protección de los intereses colectivos”, finalmente el IDU terminaría su proyecto, no sin antes, causar la disminución de las ventas del comercio y la intranquilidad de los residentes quienes soportaron durante años la zona invadida por habitantes en condición de calle, bandas dedicadas al hurto y microtráfico, roedores, aguas negras y basuras entre otras graves problemáticas.

Santacruz, por su parte, agrega que la demanda reclama perjuicios por casi 4.000 millones, pero que en consideración del grupo de personas comerciantes y residentes que puedan demostrar afectaciones en las mismas condiciones; la cifra puede llegar a ser superior al billón de pesos.