CONFIDENCIALES

Tribunal Administrativo del Cesar admitió demanda del exministro Wilson Ruiz contra la nación, la Creg, Air-e y Afinia por cobros de energía

Redacción Nación
1 de noviembre de 2024
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz.
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz. | Foto: SEMANA

El Tribunal Administrativo del Cesar admitió una demanda del exministro de Justicia Wilson Ruiz y del abogado Helton David Gutiérrez González en contra de la nación, la Creg, Air-e y Afinia, por el excesivo cobro de energía eléctrica en el norte del país. Con el recurso se busca reparar la injusticia social y asegurar el derecho que tiene cada ciudadano a un servicio de calidad y con tarifas justas.

Uno de los reclamos de Ruiz y de Gutiérrez es que se ha dado un trato diferencial negativo en la región Caribe afectando a los pobladores de esta región, sin tener en cuenta las condiciones de vida, los salarios, la ubicación, el estrato, entre otros.

Incluso, dice que se han registrado facturas que superan el salario mínimo en hogares que dependen de ingresos diarios. “Además, los constantes cortes de energía, resultado de la falta de infraestructura adecuada, y los abusos por parte de las empresas Air-e y Afinia han afectado gravemente la dignidad humana de los ciudadanos en esta zona de Colombia”, reclamaron a través de un comunicado.

Con esta acción popular se busca garantizar un cobro justo y un servicio óptimo de estos recursos para que las familias no se sigan viendo afectadas con los pagos excesivos que están teniendo.

Según Ruiz, se prevé que con la intervención del Gobierno nacional se pueda lograr una reducción de hasta el 35 % en las tarifas, beneficiando así a las familias de la costa Caribe.

“Es inaceptable que los derechos fundamentales de la ciudadanía sean vulnerados, impidiendo el acceso a servicios básicos esenciales por la ineficiencia de terceros. El Estado no solo tiene la responsabilidad de supervisar, sino también de exigir a las empresas prestadoras que ofrezcan un servicio idóneo y con garantías. El incumplimiento de esta responsabilidad constituiría una violación grave a su rol constitucional”, dijeron.