Juez y parte

Los conflictos de intereses del fiscal Néstor Humberto Martínez son tan evidentes dentro del escándalo de Odebrecht-Corficolombiana, que lo han convertido en el primer fiscal en oficiar dos roles totalmente insólitos y contradictorios: por un lado, es el jefe del ente investigador, pero por el otro, va a terminar de testigo en uno de los procesos. 

El fiscal ha sido llamado por uno de sus imputados, Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI –acusado por la Fiscalía de nueve delitos– para que sea testigo a su favor, un hecho sin precedentes en la historia de la Fiscalía... y creo que del “mundo mundial”.

Hace seis meses, el exfuncionario fue imputado de nueve delitos por la Fiscalía que dirige Néstor Humberto Martínez, una exageración kafkiana que ha llamado la atención de unos pocos medios y periodistas colombianos, y de periódicos como Financial Times y de la agencia Bloomberg, considerados hoy por el fiscal como la cantera desde donde se le ha montado una injusta conspiración castrochavista. 

Dentro de los delitos que se le imputan a Andrade está el de haber firmado un otrosí para la adición de la carretera Ocaña-Gamarra sin haber hecho licitación pública.

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Andrade ha llamado al fiscal general como un testigo a su favor, debido a que Néstor Humberto Martínez aparece en varios momentos de esta historia. Primero prestó sus servicios como abogado en 2012 al Consorcio Ruta del Sol II, integrado por Odebrecht con el 64 por ciento, Episol-Corficolombiana con el 33 por ciento (filial del Grupo Aval) y 4.9 por ciento de Solarte, a los que les hizo un concepto jurídico. (Ver documento).

Aunque en ese documento él deja en claro que se puede hacer la adición de la carretera sin necesidad de licitación pública, hoy, utilizando el poder que le da la Fiscalía para defenderse de lo que hizo cuando fue abogado del Grupo Aval, ha salido a decir que lo que él aconsejó fue todo lo contrario.

Luego, en 2014, como ministro consejero de Presidencia durante el gobierno Santos, firmó el Conpes en el que se le da visto bueno a la obra. En 2016, mientras hacía su campaña para llegar a la Fiscalía, NHM vuelve a aparecer porque redactó el acuerdo de transacción que revelé en julio de este año en esta columna y en el que Odebrecht y Corficolombiana hacen un pacto para no demandarse, a cambio de que Odebrecht le pague a Corficolombiana la suma de cerca de 11 millones de dólares que equivaldrían al dinero de una serie de contratos “innecesarios” que se habrían hecho desde la concesionaria y la constructora Ruta del Sol II.

Por todas estas razones, Andrade lo ha llamado como un testigo a su favor. Sin embargo, para seguir con el absurdo, la Fiscalía ha dicho que si el fiscal acepta ir de testigo, no lo va a hacer a favor de Andrade, sino en su contra.

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¿Cómo va a hacer la Fiscalía para convertir al fiscal Néstor Humberto Martínez en un testigo en contra de Andrade, cuando fue pedido por la defensa de Andrade para todo lo contrario? Si ya se le agotó a la Fiscalía su oportunidad de identificar testigos potenciales porque la etapa procesal se cerró desde hace seis meses, cuando Andrade fue imputado, ¿cómo va a hacer para incluirlo? ¿Puede ser el fiscal juez y parte sin que se alteren las garantías de los demás procesados, sin que se altere la legitimidad de la propia institución de la Fiscalía?

Pero y si consigue hacer esa pirueta jurídica, ¿en calidad de qué va a convertirse en testigo? ¿En contra de Andrade? ¿De fiscal general? ¿De ciudadano preocupado que fue abogado de una de las partes, en especial de Grupo Aval? ¿De exministro de la Presidencia? ¿De todas las anteriores? ¿Va a utilizar el poder que le da su cargo para defenderse por lo que hizo como abogado y como superministro y para atacar a su contraparte, o simplemente lo va a hacer como un ciudadano preocupado o... a lo mejor, como un abogado agradecido con su distinguida clientela?

Un fiscal general que se convierte en testigo en contra de un exfuncionario que ha sido imputado por la Fiscalía que él mismo dirige, dentro de una investigación en la que él tiene un claro conflicto de interés, ¿puede ser garantía de una Fiscalía independiente? ¿Se imaginan ustedes el peso que debe estar sintiendo el juez que le va tocar dirimir semejante absurdo?

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Por último: si como testigo va a insistir en la tesis de que el Grupo Aval fue una pobre víctima de Odebrecht que nunca supo de los sobornos, ¿eso lo va a hacer en su papel de fiscal, de abogado o de ciudadano preocupado?

Si un fiscal se puede dar estos lujos, ¿qué podemos esperar los ciudadanos de a pie y los periodistas que le incomodamos?