MinTransporte ‘frena’ entrada de norma en seguridad vehicular

Hasta ahora, sin hacer mucho ruido, una circular del Ministerio de Transporte, bajo el número 20171060114621 daba un nuevo plazo a los fabricantes, ensambladoras e importadores de carros particulares colombianos a la Resolución 3752 de octubre de 2015, firmada por entonces por la ex ministra del ramo, Natalia Abello Vives, la cual exigía que los vehículos matriculados a partir del 1 de enero de 2017 cumplieran con la instalación de elementos de seguridad pasiva y activa, como son los airbags delanteros y los frenos ABS en todas las ruedas, entre otros.

Pero, tras escuchar a los gremios y representantes del sector automotor del país, el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, dio un nuevo plazo para extender hasta finales de este año la entrada en vigor de la norma, la cual estaba para prevista para el próximo 30 de abril.

Entre las explicaciones que dio el Ministerio para su decisión están las preocupaciones de los gremios y representantes de los importadores, ensambladores, fabricantes y comercializadores de vehículos del país, provocada por la caída en la dinámica del mercado de vehículos del mes de febrero y ante la dificultad inminente de culminar el proceso de comercialización y de registro o matrícula antes de la fecha señalada.

“Teniendo en cuenta además que para la fecha de inicio del proceso de importación, fabricación y ensamble de esos vehículos las normas aplicables no incluían el cumplimiento de las disposiciones y requisitos derivados de la resolución 3752 de 2015, este Ministerio autoriza hasta el 31 de diciembre de 2017 la comercialización con el debido registro o matricula, de los vehículos nacionalizados o ensamblados en Colombia en inventario antes del 31 de diciembre de 2017 y los previstos en el literal c) del articulo 7°, de la mencionada resolución 3752 de 2015”, cita la circular.

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La polémica por el anuncio

Las voces en contra de esta medida no se hicieron esperar, especialmente desde la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), en cabeza de Juliana Rico, directora de la Cámara de la Industria Automotriz de la entidad. Según la vocera, “la del Ministerio de Transporte es una determinación en la que la vida de las personas se pone en juego”, declaración que fue tomada por el diario Portafolio. “Nuestra posición fue la de rechazar la extensión, además porque las demás marcas cumplieron con los plazos”, dijo la especialista al citado medio.

Para Mauricio Ruiz, gerente general de Cesvi Colombia, la medida del Ministerio es “errática e irresponsable, pues implica su permisividad para que el número de fallecidos y lesionados en accidentes de tránsito continúe en crecimiento”.

“Si bien la medida tan sólo contemplaba lo más elemental en materia de seguridad pasiva en vehículos, resulta incompresible, aun cuando era predecible, que el Ministerio haya aplazado su compromiso con salvar vidas por un asunto comercial. Por otro lado, no resulta para nada equilibrada la medida con aquellas marcas que demostraron su compromiso de ajustar sus portafolios para dar cumplimiento a la nueva normativa  anunciada desde hace un año. Ahora nuevamente existe la posibilidad que los consumidores colombianos puedan desechar la opción de vehículos seguros por una consideración de precio”, dijo el directivo de la firma encargada de hacer test de seguridad a los carros que se venden en Colombia.

Fenalco respaldó al Ministerio, como lo indicó Eduardo Visbal Rey, vicepresidente de Vehículos y Comercio exterior de la citada corporación. Para el directivo, la prórroga tiene como motivo principal el de reconocer el derecho que tienen los inversionistas de Colombia a la debida “seguridad jurídica. Estos vehículos llegaron al país con las anteriores “reglas del juego””, manifestó.

“El acto administrativo, resolución 3752 de 2015 quedó incompleto, y no precisó si la fecha del 31 de diciembre de 2017 era para vehículos nacionalizados o matriculados. Para subsanar esto, se expidió el 9 de septiembre de 2016, casi un año después, la circular que fijó esa fecha, 31 de diciembre de 2017, para que los vehículos estuvieran nacionalizados y la del 30 de abril para matricularlos. A partir de este momento se dio la necesaria seguridad jurídica”, indicó Visbal.

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Para Fenalco, el derecho al respeto a las “reglas de juego” es algo que en el país se viene ignorando con mucha frecuencia, razón por la que los empresarios/inversionistas tienen que asumir cuantiosas pérdidas por el permanente cambio de ellas. “La llegada de inversionistas con proyectos de valor agregado, no se está dando por esta principal, aunque no única razón. Los vehículos contenidos en la prórroga tienen un valor de aproximadamente $400 millones de dólares cuyo abandono sería muy costoso. No se pueden “botar al mar”, sin razones de fondo”, agregó.

A su turno, Oliverio García, presidente ejecutivo de ANDEMOS, (Asociación Colombiana de Vehículos Automotores), explicó que la medida no afecta la venta de vehículos que ya habían ingresado a Colombia, donde algunas entidades buscaban que se matricularan antes del 30 de abril, pero igual ya se encontraban próximos a matricularse.

Para expertos en seguridad vehicular, hay razones para creer que algunas marcas pidieron ajustar la norma a lo determinado por el Ministerio debido a que no habían podido cumplir con los requerimientos y así iban a perder cuantiosas suma de dinero por cuenta de esas unidades que no se podrían vender.

Los vehículos que se benefician por la prórroga

Por sus características, los carros que pueden seguir vendiéndose este año, hasta que entre a regir la resolución 3752 son:

-Chevrolet: Spark Life Mod. 2017. $24.200.000 (versión 1.0) Spark Life Mod. 2017 A.A. (1.0): $26.400.000

-Renault Clio Style: $30.720.000. Clio Sports Style $34.400.000. Tienen doble airbag, pero no tiene sistema ABS.

-Hyundai EON. Advance $27.990.000. EON Premium $30.490.000. Grand i10. versión Advance $36.990.000. versión Premium $39.990.000.

-Kia Picanto ION desde $29.760.000.

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