Las autoridades ambientales que protegen el Atrato

Cumplir con el fallo de la sentencia T-622, que se dictó el 10 de noviembre de 2016 y que reconoce al Atrato como sujeto de derechos, no será una tarea fácil. Por eso la Presidencia de la República, siguiendo la recomendación de la Corte Constitucional, conformó cinco comités que les harán seguimiento a ciertos temas específicos. Cada uno será liderado por un ministerio, así: descontaminación del río (el abanderado será el Ministerio de Ambiente), erradicación de la extracción ilícita de minerales (Ministerio de Defensa), seguridad alimentaria (Ministerio de Hacienda), y estudios toxicológicos y epidemiológicos (Ministerio de Salud). Además, se cuenta con una comisión de guardianes que velará por el cumplimiento de todas las órdenes de la sentencia y les entregará informes a la Corte Constitucional y a la Procuraduría.

A su vez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el representante legal para salvaguardar los derechos del río, convocó a varias corporaciones regionales y locales para adelantar tareas como descontaminar las fuentes hídricas del Chocó, recuperar los ecosistemas y prevenir futuros daños. Entre estas entidades están la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá (Corpourabá) y la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó).

Las dos son autoridades ambientales. Las dos hacen parte de los comités encargados de la descontaminación del río y de los estudios toxicológicos y epidemiológicos. Estas deben verificar los impactos causados por la minería ilegal, proteger al Atrato e imponer castigos bajo el marco de la Ley 13-33 de 2009, donde se establece el procedimiento sancionatorio ambiental.

Corpourabá es una entidad con una jurisdicción que abarca 19 municipios de Antioquia, que tiene un área de 1.911.364 hectáreas de territorio continental, 334.206 de marino y una población de 629.851 habitantes. En este departamento, el Atrato pasa por dos municipios que son Vigía del Fuerte y Murindó, ubicados en la cuenca media-baja de la fuente hídrica. De acuerdo con Juan Guillermo Cano, de la Subdirección de Gestión Ambiental de Corpourabá, dentro del territorio en el que operan no se tiene “conocimiento de que el río Atrato o que sus afluentes cercanos hayan sido intervenidos por minerías legales ni ilegales”. Y afirma que la región recibe la “problemática ambiental que se presenta en la parte alta de la cuenca”. Es decir la que proviene del Chocó.

Aun así, hace algunos años se presentaron casos de extracción ilícita de oro de aluvión en su jurisdicción. Sucedió en dos ‘subcuencas’ del Atrato, una cercana al municipio de Urrao y otra al municipio de Dabeiba (en las veredas de Santa Teresa, Taparales, Pegadó y Vallesí). Hoy ambas zonas están en proceso de recuperación y los procesos sancionatorios ambientales están adelantados.

Codechocó, por su parte, también se encarga de proteger los recursos naturales y a sus habitantes en las cercanías del Atrato a través de actividades de ordenación forestal. Estas permiten a las comunidades asentadas en el río hacer uso de los recursos de manera sostenible. De acuerdo con Yoileth Ibargüen, subdirector de calidad y control ambiental de Codechocó, “cuando la población tiene este mecanismo y elemento de planificación, cuenta con otro tipo de alternativas de sustento”.

La corporación chocoana ha realizado estas actividades de ordenación forestal en diez municipios de su jurisdicción: Lloró, Bagadó, Carmen de Atrato, Acandí, Unguía, Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá, Medio Atrato y Quibdó, abarcando así un total de 2,3 millones de hectáreas ordenadas.

Ambas entidades consideran que cumplir con los requisitos de esta sentencia no sería posible sin el apoyo de la fuerza pública (Ejército Nacional, Policía y Armada); agentes que minimizan la problemática y protegen al río Atrato de los estragos de la minería ilegal.

*Periodista de Especiales Regionales de SEMANA.