¿Qué hacer para que las comunidades del Atrato vuelvan a vivir tranquilas?

Los abuelos del Atrato tienen gratos recuerdos de aquellos tiempos en que la guerra y los grupos armados no eran una preocupación diaria. El río era la gran arteria que conectaba los cauces de cientos de afluentes subsidiarios con el Caribe. Los abuelos evocan los tiempos en que las lanchas y los barcos navegaban sus aguas y le daban movimiento a la región, y no olvidan aquellas milagrosas subiendas de pescado, tan abundantes que la Policía recorría los barrios de Quibdó para regalarles bochachicos a las familias y que la pesca no se perdiera.

Ir de Bojayá, o de Beté, a Cartagena e incluso a Panamá, no era una práctica extraordinaria. La red de ríos de la región propiciaba intercambios comerciales y culturales entre afrodescendientes, indígenas, chilapos y paisas. Los habitantes de los pueblos ribereños vendían o cambiaban plátano, pescado, arroz y madera sin ningún problema; mientras, de Turbo y Cartagena llegaban herramientas, vajillas, ropa y surtidos para las tiendas. Hoy muchos añoran ese intercambio, ese diálogo fluido entre el Caribe y el Pacífico, que se transformó radicalmente con la presencia de grupos armados.

En los noventa entró la guerra y se cerró el río. Con las operaciones militares Génesis y Cacarica, grupos paramilitares del bloque Elmer Cárdenas oficializaron su llegada a las subregiones del Bajo y el Medio Atrato. Mediante verdaderos y falsos combates, homicidios, masacres y amenazas, miles de familias fueron desplazadas de sus tierras y de sus ríos bajo el discurso de la guerra “contra la guerrilla”. Ya desde los ochenta los militantes de la Unión Patriótica con presencia en la región eran perseguidos, solo que ahora estas acciones no discriminaban.

El recrudecimiento del conflicto tuvo consecuencias visibles en el debilitamiento de la vida en los distintos poblados chocoanos y antioqueños de las orillas del río. La movilidad –que más que una acción ha sido una forma de existir y de construir comunidad en el Atrato– era cada vez más restringida: las mujeres ya no salían con la misma frecuencia a lavar la ropa, pescar no era seguro, los niños y las niñas ya no se bañaban en el río con la misma libertad, las provisiones de alimentos y medicamentos en las tiendas comunitarias escaseaban y embarcarse era como lanzar una moneda al aire, no había certeza de volver. Quiénes podían viajar, cuándo y cómo, pasó a ser un tema controlado por los diversos ejércitos. El Atrato y su gente agonizaban.

Recuperar el río

Ante tal panorama las organizaciones étnico-territoriales y las Diócesis de Quibdó y Apartadó entendieron bien que para defender la vida en el Atrato era necesario “recuperar el río”. De ahí nació ‘Atratiando’, una movilización realizada en noviembre de 2003 que consistió en una embarcada colectiva desde la capital de Chocó, hasta Riosucio, por la reclamación del río como un bien común. (Más sobre este tema en la página 100).

La lucha por liberar el río, navegar libremente, pescar y conectar poblaciones, continúa hasta hoy. En 2005 todas las comunidades rurales del río Bojayá tuvieron que desplazarse a Bellavista, la cabecera municipal, huyendo de los paramilitares. En 2012 varios paros armados decretados por las antiguas Farc (antes de instalar la Mesa de negociación en La Habana), dejaron a los pobladores ‘enmontados’ en sus pueblos, viviendo de nuevo la escasez de comida, el miedo y la indignación de no poder vivir con el río (‘su’ río). Hoy, las preocupaciones frente al Atrato incluyen, además de la aparición o la renovación de grupos armados que imponen nuevos órdenes, las afectaciones al medioambiente: el paisaje atrateño actual está trazado por las difíciles condiciones de vida de sus habitantes y la evidente escasez del pescado.

El año pasado se vivió una nueva jornada de movilización por las aguas del río. Entre el 25 y el 28 de septiembre miembros de los consejos comunitarios y la Diócesis de Quibdó, inspirados en el ‘Atratiando’ de 2003, volvieron a navegar sus aguas, esta vez para informar y resolver dudas sobre el plebiscito que esperaba refrendar los acuerdos pactados entre el gobierno y las Farc para la terminación del conflicto. La paz que sueñan los pueblos atrateños no es solo la de la ausencia de ejércitos y bloqueos militares, es una que incluye justicia ambiental y social que se construya desde las apuestas de las comunidades por hacer una “vida sabrosa”.

La sentencia T-622 de 2016 que reconoce al Atrato como sujeto de derechos es un paso firme hacia ese camino. En esta tarea las diversas instituciones del Estado tienen un rol importante, pero como ya lo han dicho las comunidades ribereñas: “Los guardianes debemos ser todos”.

*Profesora y estudiante de la Universidad de Antioquia.