“Queremos minería bien hecha y no a cualquier costo”: Germán Arce

La minería es una actividad tradicional que tiene un gran impacto en la economía nacional. La producción de metales, de materiales de construcción y de hidrocarburos (entendida como un tipo de actividad extractiva), generan 120 encadenamientos productivos. El mundo moderno, sin duda, es minería.

Esta actividad extractiva es legal y una de las más reguladas en Colombia. Aun así, en los últimos años, los actores ilegales han utilizado los recursos naturales –que son de todos– incumpliendo con las normas ambientales y de responsabilidad social con las comunidades. No solicitan licencias, no pagan impuestos ni salarios dignos. Estos mismos actores, que realizan actividades delictivas, han generado una percepción errónea de la minería que, en realidad, es una producción de insumos para desarrollar muchas otras actividades.

Cabe aclarar que ‘informal’ no es sinónimo de ‘ilegal’. El barequeo, por ejemplo, es una actividad de subsistencia que practicaban los indígenas mucho antes de la llegada de los españoles. Este procedimiento que consiste, a través del lavado de arenas, en sacar oro con una batea a las orillas de los ríos y de separar los materiales dentro del agua, se ha realizado desde hace siglos. De ahí surgen la orfebrería y la tradición de oro que tiene el país. De hecho, Colombia es el quinto productor de este mineral en América Latina y el decimoquinto a nivel mundial.

Esta actividad de subsistencia, realizada por pequeños mineros, es informal mas no ilegal. Aunque la ley establece que para poder explotar los recursos naturales son necesarios un título minero y una licencia ambiental, su actividad es manual y no mecanizada. Quienes deseen realizar minería mecanizada, por su parte, sí requieren de un título y de una licencia ambiental, del cumplimiento de altos estándares sociales, de seguridad física y de Administración de Riesgos Laborales (ARL), entre otros. En pocas palabras, la explotación formal en Colombia conlleva a una serie de obligaciones de cumplimiento de la normatividad.

En varios sectores del país la formalización se desenvuelve como una estrategia para controlar la ilegalidad, ya que de esta forma es posible diferenciar a los mineros tradicionales. Por eso, se ha realizado un esfuerzo importante para que los pequeños productores hagan parte de esta categoría y puedan introducir su producto en la cadena de comercialización de minerales, tal y como se especifica en el decreto No. 1102 de 2017 y en el artículo 30 de la Ley 685 de 2011, donde se establece que los productores que suministren minerales explotados en el país deben certificar su origen.

Se ha fijado también un tope en la resolución No. 4-0103 del 9 de febrero de 2017, en la que “se establecen los volúmenes máximos de producción en la minería de subsistencia”. Por ejemplo, un barequero no puede reportar una producción minera artesanal por más de 420 gramos de oro al año. De esta forma, es posible evitar actividades criminales como el lavado de activos.

Pero no basta con establecer leyes. Por eso se está capacitando a los pequeños productores con el fin de que sus prácticas sean las más adecuadas, y para que realicen su actividad de extracción de manera responsable con el ambiente, reduciendo paulatinamente hasta eliminar los niveles de utilización de mercurio según lo establece la Ley 1658 de 2013.

La formalidad y la protección del ambiente son dos conceptos que van de la mano: con la primera, se busca logra la segunda. La formalidad no puede entenderse únicamente desde la perspectiva técnico-minera, también debe hacerse desde el punto de vista empresarial, laboral, social y ambiental.

En este gobierno queremos minería bien hecha y no a cualquier costo. Somos conscientes de que tenemos que proteger ciertas áreas y ecosistemas y no estamos dispuestos a poner en juego la biodiversidad para la explotación de recursos. Por eso, este gobierno ha definido mecanismos de protección para defender los páramos, humedales y parques naturales, como nunca antes se había realizado en el país.

También se han delimitado páramos y ecosistemas para definir dónde puede y dónde no, hacerse minería. Con este ejercicio buscamos tener claro el panorama y definir las líneas en las que se pueden realizar, no solo actividades de minería sino de desarrollo de cualquier proyecto. De esta forma se protege al medioambiente, se da certeza a los inversionistas –manteniendo así la estabilidad jurídica– y a las comunidades para que puedan hacer una minería bien hecha.

*Ministro de Minas y Energía.