Los ‘cachivacheros’

Junto al Jardín Infantil Jorge Bejarano y el colegio Ricaurte hay una plazoleta de 2.730 metros cuadrados por la que camina todo un universo diverso. Hay personas que se detienen a comprar un paquete de galletas o una menta en los cuatro puestos ambulantes que se encuentran bajo el puente peatonal de la carrera 30, como esa mujer –buzo negro, pantalón azul, botas hasta las rodillas– que lleva de la mano un niño que acaba de recoger en el jardín, o ese joven de chaqueta de jean que se detiene a observar un gran mural de la plazuela, un tríptico con escenas pintadas: un cíclope gigante de garras largas, una ballena metálica con cuernos de toro y una galaxia con innumerables estrellas en la que se leen las palabras ‘Bogotá Universe’.

En este lugar, ubicado entre las calles novena y décima, en el costado oriental de la carrera 30, frente a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, parece caber en efecto todo el universo de Bogotá.

Pero hace cuatro años era un sospechoso mercado que se diseminaba sin control en esas aceras del barrio Ricaurte, en la localidad de Los Mártires. “Caminar por aquí era imposible –recuerda Rafael Espitia, un comerciante informal del sector– no solo porque no había por dónde andar, sino porque a la gente le daba miedo”. Para este hombre de pelo largo y gafas negras que lleva 22 años trabajando con su ventorrillo de chicles, cigarrillos y caramelos, la historia se resume en pocas palabras. “Al principio, los cachivacheros vendían ropa, electrodomésticos, porcelanas, zapatos y repuestos de todo tipo –dice–, pero luego las cosas se fueron desordenando y poco a poco esto se convirtió en un expendio de drogas”.

Los cachivacheros se habían instalado en esa plazoleta situada al lado de la Estación Ricaurte de TransMilenio, sobre la carrera 30. Fueron ubicados allí en anteriores administraciones por una concesión del Instituto para la Economía Social (Ipes), pero el permiso, que era por cinco años, venció, de modo que los comerciantes permanecieron de manera ilegal en un conglomerado de 28 carpas, rodeadas de mallas ‘polisombra’ y tablones de madera que la lluvia, el hollín y el microtráfico fueron pudriendo.

“El olor era insoportable”, dice Julieth Bonilla, empleada de Impreya, un local vecino en donde se elaboran pendones, bastidores, carpetas, tarjetas y catálogos. La mujer, quien lleva cuatro años allí, afirma: “Por aquí se la pasaba mucho habitante de calle. Venían a consumir drogas e iban haciendo sus necesidades en el piso o sobre las paredes”. Y señala el mural en donde ahora se encuentra pintada la ballena con cachos de toro. “Imagínese, ¿qué clientes íbamos a tener?”, pregunta.

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Gracias a las denuncias de la ciudadanía, la Alcaldía de Bogotá, en coordinación con la Alcaldía Local de Los Mártires, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), en un operativo que fue preparado con meses de anticipación, intervino el sector en junio de 2016 y logró recuperar esta plazoleta para la ciudad.

“El de cachivacheros fue uno de los primeros operativos de recuperación de espacio público que hicimos. Ahí había más de 20 carpas donde se vendían todas las cosas robadas de Bogotá. Encontramos hasta un cráneo humano. Fue un operativo de tres días, que comenzó un jueves en la noche y terminó un sábado a las cinco de la tarde, por la cantidad de cosas que había en el sitio”, señala Iván Casas Ruiz, secretario de Gobierno de Bogotá.

El lugar, además de haber sido un foco de desaseo e inseguridad, auspiciaba la competencia desleal con los comerciantes legales del sector. Así lo explica Nadime Yaver Licht, directora del Dadep: “Los cachivacheros no pagaban ningún tipo de impuestos, ni arriendos, ni servicios públicos, en comparación con los comerciantes formales que sí lo hacían. Esto ponía en enorme desventaja a las personas que tributaban y generaban empleo, factores fundamentales para el desarrollo de cualquier ciudad”.

“En casos como el del barrio Ricaurte la economía y el desarrollo de Bogotá se ven gravemente afectados –agrega la directora del Dadep–. Además, hay que tener en cuenta que, en el espacio público, como bien lo indica su nombre, debe primar el bien común por encima del particular”. Según la funcionaria, el Distrito tampoco dejó a los cachivacheros a su suerte. “El Ipes identificó a 28 vendedores informales de los cuales 10 aceptaron las diferentes alternativas como reubicación en ferias institucionales y formación para el empleo”, explica.

Una bandada de palomas rompe el aire sobre el puente peatonal de la 30. La estructura es recorrida por varias personas que descienden en dirección a la plazoleta. Un par de niñas corre frente a los murales pintados, escoltadas por su padre, quien apura el paso. Un abuelo se sienta en una de las sillas de la plaza. Compra un tinto endulzado con panela y lo bebe con placidez. “Ahora la gente pasa por aquí sin miedo”, confirma Julieth Bonilla, la comerciante de impresiones. “Eso nos asegura más clientela”, dice, mientras observa a la gente que pulula en este espacio público recuperado. “El cambio fue del cielo a la tierra”, remata la mujer, antes de despedirse y regresar a su trabajo para atender un nuevo pedido. 

*Periodista.