Minería y posconflicto

Minería en tiempos de paz: esperanza y oportunidad

Explorar territorios ricos en recursos minerales que estuvieron vedados por la violencia podría cambiar el rumbo del país.

*Mariana Suárez Rueda
11 de agosto de 2017
"""El Catatumbo es una zona que históricamente ha estado marginada de la vida política nacional. | Foto: Archivo particular

Salir de la barbarie en la que hemos vivido. Eso es lo que han perseguido por generaciones los latinoamericanos. Y mientras en Venezuela la lucha no aminora, en Colombia comienzan a soplar vientos de paz o, por lo menos, a acallarse los fusiles que durante tanto tiempo se han disparado desde el monte, aterrorizado poblaciones y abierto hondas y dolorosas heridas. Con la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla de las Farc, se asoma la esperanza de un futuro distinto.

Aunque la polarización política nubla por momentos la magnitud de lo que está viviendo el país, que finalmente puede hablar en presente de posconflicto, lo cierto es que desde todos los ámbitos de la sociedad es momento de pensar el mañana de cara a esta realidad. Y un sector tan relevante para la economía como lo es el de la minería e hidrocarburos no puede ser la excepción. De hecho, desde que comenzó a especularse con la firma del acuerdo, ambientalistas, sociólogos, académicos y empresarios vislumbraron un escenario que hoy invita a la reflexión.

¿Qué sucederá con los territorios ricos en recursos como el carbón, a los que no se había podido acceder a causa de la guerra? Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas, ha repetido que “en un escenario de paz aumentará la productividad del sector de minería e hidrocarburos y más producción significa mayores ingresos corrientes para la Nación y las regiones, desarrollo, competitividad y equidad”. Las empresas que se sintieron temerosas de invertir en explorar territorios minados por el conflicto, parecen entusiasmadas con la idea de descubrir nuevos y ricos escenarios para la extracción de carbón.

Una posibilidad que motivó a investigadores de Fescol, el Cinep y el Instituto Neerlandés para la Democracia Multipartidaria a indagar al respecto tomando dos casos de estudio, el Catatumbo y el sur de Bolívar, y generando como resultado un documento de 30 páginas, en su versión más corta y amena, con una radiografía de la situación y valiosas recomendaciones para el gobierno, las autoridades locales y ambientalistas.

Un trabajo que según explica uno de los autores del informe, Andrés Aponte, cobra pertinencia en un momento en que los diferentes actores de las zonas afectadas por el conflicto están redefiniendo sus roles y lo que sucedía en estos territorios a los que era incapaz de llegar el Estado está quedando en evidencia.

Su intención con este trabajo, sin embargo, no es debatir si la actividad extractiva es buena o contraproducente, sino evidenciar de qué manera las comunidades pueden participar de este modelo de desarrollo sin ser desplazadas y siendo tenidas en cuenta por las grandes empresas mineras. Es un llamado de atención para que no se repitan historias que han contribuido a la estigmatización de esta actividad: la extracción indiscriminada, la opulencia de quienes la realizan y la miseria de los pobladores que viven en los alrededores. Conflictos, advierte Andrés Navas, otro de los autores del informe, a los que no escapa lo ambiental y que en gran medida son causados debido al desconocimiento del territorio por parte de las compañías que van a explotarlo.

Esperanza

Durante los últimos cinco años, el sector de la minería e hidrocarburos aportó 126 billones de pesos para la financiación de programas sociales y de infraestructura como las carreteras 4G y las viviendas de interés social. Su importancia para el desarrollo del país y el bienestar de la población son evidentes. No obstante, la industria enfrenta grandes y permanentes desafíos jurídicos, sociales, ambientales, de formalización, coordinación institucional entre muchos otros; a los que ahora se suma el del posconflicto.

Y es que no se trata solamente de analizar los factores a tener en cuenta a la hora de implementar los planes de acción en zonas donde confluyen los actores armados y la extracción minera o del impacto ambiental que tendrá el abrir las puertas de territorios ricos en minerales pero en donde hasta hoy las actividades económicas han sido otras, sino de lo que significa en términos de generación de empleo y recursos el potencial minero que comienza a descubrirse en lugares impenetrables por la guerra.

La minería en tiempos de paz también puede transformarse en esperanza y oportunidad. La clave para que sus potencialidades no terminen generando más perjuicios que beneficios se encuentra en acciones que contribuyan a disminuir los conflictos inherentes a esta actividad. Por ejemplo, sugiere el informe Ambiente, minería y posconflicto en Colombia, actualizar una tipología que permita diferenciar, a partir de criterios claros, la minería artesanal de la informal y la criminal, teniendo en cuenta las diferencias regionales y los tipos de extracción; una promoción aún mayor de la formalización y buscar la puesta en marcha de modelos de ordenamiento territorial que respondan a las necesidades de los pobladores y a las características socioambientales del lugar para así determinar cuáles soportan la actividad extractiva y cuáles no.

Conciliar. Ese es el desafío.

*Editora general de Especiales Regionales de SEMANA.