Es hora de hacer minería sostenible

Este momento que vive el país pone todas nuestras metas ambientales en una nueva dimensión: construir la paz. En ese contexto estamos implementando una visión donde nuestros activos naturales deben convertirse en el eje central del desarrollo de Colombia.

No hay manera distinta de concebir el progreso en la actualidad que por medio de un desarrollo sostenible que busque el óptimo balance entre nuestras necesidades de crecimiento económico, desarrollo social y protección del patrimonio natural. Esta es la única manera en que podemos satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras.

Las mayores oportunidades que, en perspectiva, tendrá el país están asociadas a su enorme potencial y a su riqueza natural, que debemos proteger. Este es un enfoque transversal a todos los sectores, y la minería no es la excepción. Cuando se considera una industria minera sostenible, se deben tener en cuenta aspectos ambientales y sociales, además de los económicos.

En 2015 Colombia fue el quinto exportador mundial de carbón después de Indonesia, Australia, Rusia y Estados Unidos, y para 2014 se consideraba la reserva más grande de carbón de América del Sur y el país con mayores reservas de carbón en América Latina. En 1940 Colombia produjo 1.150.000 toneladas de este mineral, y para 2016 la cifra incrementó a 90.511.989 toneladas de un recurso que en su mayoría se exporta.

Con todo esto, la opción de prohibir la minería no es una medida real para un país con nuestros recursos; sin embargo, la única manera de llevar a cabo la actividad minera debe ser de forma sostenible.

Sabemos que las operaciones mineras afectan la dinámica y economía de los territorios en donde se desarrollan. Esto pone a un país como Colombia, rico en biodiversidad y recursos hídricos, en una encrucijada: o protegemos nuestro medioambiente para preservar los recursos naturales prohibiendo la actividad minera, o permitimos y fomentamos la minería a costa de este.

Alrededor del tema se polarizan las opiniones y se enardece el debate, pero las discusiones no se están realizando en el marco de la sostenibilidad. Eso ha llevado a casos como el de Cajamarca donde, después de ver los efectos sociales y económicos, ya se empieza a evidenciar que la decisión no fue la mejor. Por eso es definitivo que la discusión sea integral.

En el país hay áreas con restricción y exclusión ambiental para la actividad minera como los páramos, los Parques Nacionales Naturales, las Reservas Forestales Protectoras, los humedales Ramsar y las zonas de Reserva de la Ley Segunda de 1959. Gracias a ellas protegemos nuestro entorno; para finales de este gobierno, las áreas protegidas alcanzarán las 26 millones de hectáreas.

Colombia debe ser capaz de aprovechar sus recursos mineros para impulsar el crecimiento económico. Pero esta actividad obligatoriamente tiene que generar un valor agregado más allá de las inversiones y recursos económicos. Debe hacerlo no solo impactando de la menor manera posible los ecosistemas, sino además compensando el uso de la tierra de forma integral, desde la exploración hasta el cierre de la mina, si se tiene en cuenta el desarrollo de las comunidades.

No se trata de repartir dinero, sino de fortalecer la estructura social para que las inversiones perduren, y de restaurar el hábitat a su estado natural, como hizo Alemania con el fin de crear nuevos espacios de recreación o Inglaterra en minas desérticas donde hoy se levantan gigantescos jardines botánicos.

Es posible hacer una minería responsable con el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes, con licenciamiento ambiental, y restauración de los hábitats, con proyectos sociales que no busquen solucionar los problemas estructurales de los territorios sino aunar esfuerzos con las administraciones locales, dejando capacidades instaladas y acciones que perduren.

También es posible hacer bien la minería, con responsabilidad ambiental y social, cumpliendo las normas y disminuyendo los conflictos sociales, con participación y transparencia de las comunidades, compensando y mitigando los impactos mientras se aprovechan las oportunidades para conseguir beneficios tangibles y sostenibles para los territorios.

Solo así podremos impulsar un desarrollo integral, con mejor desempeño ambiental y haciendo frente a los retos que aún tiene el país ante la minería de carbón, que van desde la reducción de los efectos sobre la calidad del aire hasta la modificación del paisaje y las posibles afectaciones a las aguas superficiales y subterráneas.

Además, al fortalecer la minería bien hecha, estamos dejando menos espacio para que la extracción ilícita destruya nuestro territorio.

*Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.