Consultas populares también preocupan a la industria del carbón

La consulta previa, como mecanismo legal para que algún grupo ciudadano ejerza autonomía, ha venido tomando fuerza. No es gratuito que más de 40 municipios tengan en carpeta esta posibilidad para decidir sobre la extracción minero-energética de sus territorios. Hasta el momento, las siete consultas realizadas han sido a favor de prohibir la extracción de hidrocarburos, oro y materiales de construcción.

No ha sido así para el carbón. La relevancia de este mineral, como fuente de energía, crece después de que en 2011 la tragedia de Fukushima puso en jaque la producción de electricidad a partir de energía nuclear. Su precio pasó entonces de 40 dólares por tonelada a 230 dólares en 2012, para después estabilizarse en 74 dólares, valor que hasta hoy se mantiene.

En Colombia, las reservas medidas de carbón pasan las 6.000 millones de toneladas y el potencial carbonífero –es decir, lo que aún está por medir– es superior a 16.000 millones de toneladas. De acuerdo con Carlos Andrés Cante, viceministro de Minas, el negocio del carbón incrementa su rentabilidad año tras año: “Desde 1990, este mineral le ha aportado al país cerca de 18 billones de pesos en regalías y compensaciones”. Además, el 16 por ciento de la titulación minera es de carbón, esto significa que de los 8.971 títulos mineros existentes en Colombia, 1.453 pertenecen a este mineral.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), las ventas externas de carbón aumentaron 10,8 por ciento en 2016, al alcanzar las 88,48 millones de toneladas. En contraste, se calcula que las consultas que han impedido la extracción de petróleo pueden costarle al país 684.000 millones de pesos menos en ingresos en un año. 

Cabe preguntarse entonces cuál será el resultado en caso de que el escenario de las consultas llegue a la minería de carbón. Para Boyacá, que en 2016 registró más de 3 millones de toneladas, con lo que se convirtió en el tercer departamento más productivo en este sector después del Cesar y La Guajira, la prioridad son los recursos naturales. 

Herman Amaya, director del Departamento Administrativo de Planeación de ese departamento, considera que la protección de recursos como el agua prima sobre la minería: “Poner a la gente a decidir entre carbón y agua deja pocas posibilidades”.

Para Oswaldo Ordóñez, geólogo de la Universidad Nacional, esa dicotomía es incorrecta en el planteamiento de las consultas, toda vez que hay un equilibrio económico y social que, sin minería, sería insostenible. “No podemos vivir del paisaje; los recursos para la salud, educación y otros servicios necesarios salen de familias que trabajan en minería legal”, asegura.

Un país que encuentra en las consultas previas el mejor ejemplo de participación popular, también está en riesgo de generar huecos fiscales que justificarán la aparición de nuevos impuestos. Santiago Ángel, presidente de la ACM, dice que “el mayor riesgo del país es en materia de atracción de inversión, eso da un efecto de inestabilidad que ha puesto en jaque a inversionistas que tenían proyectos para Colombia. Ahora están pensándolo dos veces antes de traer sus recursos al país”.