Colombia: una despensa para el mundo

Colombia cuenta con una producción alimentaria que puede atender, sin mayores preocupaciones, la demanda de su población. Así lo comprueban los nuevos estudios de abastecimiento realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 20 departamentos del país. Estos confirman que ha habido cambios sustanciales en la oferta y la demanda de productos, en los canales formales e informales, y que traerán oportunidades para mejorar el desarrollo rural.

La prioridad nacional debe ser el fortalecimiento de los sistemas de intercambio local de alimentos, especialmente en aquellas zonas donde se puedan reforzar el tejido social y la protección de la agricultura familiar. Así se crearían alianzas estratégicas que promuevan sistemas inclusivos de producción social.

Por eso es indispensable alinear políticas públicas en desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional (SAN), fomentar la capacidad institucional local e invitar a las comunidades para que hagan parte de la construcción de programas y proyectos en esta materia.

El Gobierno nacional ha tomado medidas adecuadas en medio de esta coyuntura, pero debería ampliar las compras públicas. De dicha forma ayudaría a evitar las fluctuaciones de precios, brindándoles a los agricultores y comerciantes una mayor certeza sobre la venta de sus productos. Esta estrategia permitiría que el país tuviera una reserva de provisiones, que serían distribuidas a la población en estado de emergencia alimentaria; o evitar el desabastecimiento futuro de algunos productos fundamentales.

Cada año Colombia invierte cerca de 2,6 billones de pesos en compras de alimentos que son administrados por diversos operadores. Muchos de ellos son contratados por entidades como el ICBF, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Ministerio de Educación, algunas alcaldías y hospitales públicos, con el fin de suplir las necesidades de sus programas de alimentación. Estos recursos se diluyen en las negociaciones entre los intermediarios y los operadores regionales, y entonces se pierde la oportunidad de dinamizar las economías municipales y de vincular la producción de los agricultores locales.

A todo lo que he mencionado se le debe sumar una estrategia que les ayude a los consumidores a mejorar sus dietas y a dejar de lado los alimentos con alto contenido en azúcar, grasa y sodio. De igual forma, para reducir las cifras de pérdidas y desperdicios (que constituyen el 34 por ciento de la producción anual en el país), los productores y los consumidores deben modificar sus procesos de posproducción, la planificación de compras –analizando muy bien la cantidad y la calidad nutricional– y la conservación y la manipulación de los alimentos.

Colombia tiene un enorme potencial productivo y se perfila como una potencial despensa agroalimentaria del mundo. Es el cuarto país de América Latina en disponibilidad de tierras aptas para la producción agrícola, el tercero en disponibilidad de agua y diversidad climática y, tal vez, el primero en biodiversidad. La base social de la producción agroalimentaria, representada en la agricultura familiar campesina (AFC), contribuye a reforzar la sostenibilidad y la resiliencia agroalimentaria. El 70 por ciento de los alimentos que se destinan a los mercados locales provienen, justamente, de la AFC. El 75 por ciento de las unidades de producción están en manos de campesinos y, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 2014, emplean al 57 por ciento de la fuerza laboral del sector.

El desarrollo de políticas públicas que impulsen la agricultura familiar, las cadenas cortas de abastecimiento, la restitución de cultivos y la promoción de dietas saludables que promuevan el consumo de los productos locales, serán decisivos para que Colombia potencie su desarrollo rural y garantice la seguridad alimentaria de todos sus habitantes.

* Representante de la FAO en Colombia

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