La ley de mercurio y el Convenio Minamata, dos pasos adelante contra el metal

Colombia fijó la erradicación gradual del mercurio con la Ley 1658 de 2013 y el decreto 2133 de 2016, con los cuales reconoció el impacto negativo de este metal sobre el medioambiente y la salud. A partir de ese momento, se inició el proceso para dejar de usar esta sustancia tóxica en la minería. El plazo estipulado por la ley para ello fue el 15 de julio de 2018, mientras que para eliminarlo por completo del país la fecha límite es el año 2023.

Se estima que Colombia usa cerca de 352 toneladas de mercurio anuales, de las cuales más de 255 se liberan de manera incontrolada a la atmósfera, lo que ocasiona serios problemas de salud a los pobladores de las zonas aledañas. Cifras oficiales indican que entre 2007 y 2011 se registraron 666 casos de intoxicación por mercurio en el país. De estos, 511 se reportaron en Antioquia.

Esta realidad evidenció la necesidad de trabajar de manera coordinada con la comunidad internacional: en octubre de 2013, el gobierno colombiano suscribió el Convenio de Minamata sobre el mercurio.

Luis Fernando Velasco, ponente del proyecto de ley que buscaba incluir este tratado internacional en el ordenamiento jurídico colombiano y que fue ratificado este año por el Congreso de la República, explica que “el tratado no se limita a lo ambiental. Incorpora expresamente en su artículo 16 el componente de salud humana, una de las prioridades para Colombia”.

El tratado de Minamata fue adoptado en Japón en octubre de 2013 y se constituye en una hoja de ruta clave para que Colombia pueda enfrentar los retos que plantea la prohibición del metal. Actualmente está en revisión por la Corte Constitucional. Demar Córdoba Salamanca, abogado constitucionalista, aclara que está en la etapa probatoria para el examen de constitucionalidad. “En esta fase la Procuraduría presentará un concepto y los ciudadanos tendrán la oportunidad de pronunciarse”.

Entretanto, el gobierno nacional considera que los esfuerzos legislativos están a la vanguardia de las acciones para reducir y controlar el uso y la comercialización de este químico. Sin embargo, algunos expertos señalan que estos esfuerzos no son suficientes.

Karina Pérez Rodríguez, ingeniera ambiental y máster en ciencias ambientales de la Universidad de Zúrich, Suiza, por ejemplo, se lamenta porque “la minería ilegal buscará nuevas fuentes, alimentando una red de tráfico ilegal, generando nuevos problemas que se seguirán sumando a las graves afectaciones socioambientales”.

Con esta visión coincide Juan Manuel Sabogal, socio y director del área de recursos naturales y energía en Muñoz Tamayo & Asociados. “El mercurio disuelto en la atmósfera, especialmente en la cuenca del Pacífico, proviene de la minería ilegal. No es un metal que esté entrando por las fuentes normales”, enfatizó.

Y eso es precisamente lo que el Registro Único Nacional de Importadores y Comercializadores Autorizados de Usuarios de Mercurio, creado a través de la Ley 1658 de 2013, busca combatir. No obstante, los resultados no han sido los esperados. Pérez calcula que tan solo el 4 por ciento de los comercializadores de mercurio se han inscrito.

A todo lo anterior se suma la preocupación por la descontaminación de los lugares afectados como consecuencia de las emisiones de mercurio, especialmente, los ríos y cuerpos de agua donde se concentra la extracción aurífera. Sabogal se lamenta de que en Colombia siguen faltando normas para sacarlas adelante y limpiar el mercurio del territorio nacional.“Los instrumentos están diseñados, pero no ha habido la voluntad política”.

Aunque Colombia dio un paso adelante, el camino aún es largo. La Ley 1658 de 2013 y la entrada en vigencia del Convenio de Minamata prometen dar inicio a una etapa de trabajo duro para que el país pueda cerrarle las puertas definitivamente al mercurio en 2023.

*Abogado y periodista.