Abolir las torturas en las cárceles de Colombia

Tal vez nadie podría haber imaginado un nombre más tétrico para una prisión que La Tramacúa. Así denominan de manera coloquial, debido a su gran tamaño, al centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Valledupar. Se trata de ocho pabellones que albergan –con una sofocante temperatura promedio de 40 grados–, a 1.440 internos. Por sus condiciones naturales, agravadas por sus precariedades estructurales (carencia de agua potable y salubridad) para muchos es la cárcel más dura del país. En particular se hizo célebre por una celda conocida como ‘Villa mosquito’, donde eran enviados los reclusos problemáticos con el fin de que recibieran un suplicio severo, lento y degradante.

Los confinaban allí desnudos, después de haberlos bañado con agua azucarada. La mazmorra estaba cundida de todo tipo de plagas y ácaros, y la melaza atraía nubes de mosquitos que se encargaban de picar sin clemencia al reo de turno que sufría también el rigor de la infernal temperatura. Pasar por ‘Villa mosquito’ significaba una dolorosa dosis de deshumanización. El abominable caso de La Tramacúa fue referenciado por la Corte Constitucional, en su sentencia T-282, como un paradigma de lo que no puede continuar sucediendo ni repetirse nunca más en un país que abraza el respeto por los derechos humanos. El alto tribunal señaló que la tortura era inadmisible y ordenó acabar con esas prácticas en todas las prisiones y verificar el cumplimiento de esa orden, empezando por la cárcel de Valledupar, cuya situación trascendió gracias a una tutela que los internos ‘sobrevivientes’ formularon.

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La misión recayó en la Defensoría del Pueblo. El ente, tras analizar la situación con varias visitas al terreno ideó una fórmula sencilla, eficaz y válida para implementar en todas la prisiones. Se trata del Mecanismo de denuncias de casos de tortura en los establecimientos de reclusión. A través de este se detectan, visibilizan y abolen los casos de tortura. El mecanismo opera mediante varios canales. El principal, por estar más a mano y siempre disponible, es el buzón de denuncia.

Se trata de una urna de metal ubicada en los patios de los centros de reclusión. Allí los internos pueden consignar las denuncias escritas, con la seguridad de que estas quedarán bajo llave. El buzón es periódicamente revisado por el delegado de la Defensoría del Pueblo, quien tiene la llave y la misión de estudiar la información consignada. De hallar algo que revista particular gravedad y que pueda tentativamente apuntar a un caso de tortura, este funcionario debe activar un protocolo que incluye una entrevista personal al denunciante y, de requerirse, una valoración a este por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

De acuerdo con la Delegatura para la Política Criminal y Penitenciaria, cuando el informe médico legal, ya sea por afectación física o psicológica, sea compatible con un caso de tortura o trato cruel, inhumano y degradante, la Defensoría remite de inmediato el asunto a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se desencadenen las acciones correctivas urgentes desde lo penal y lo disciplinario. Y desde la Defensoría se sigue acompañando al interno para que se garantice su seguridad y se restituyan sus derechos.

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Además del buzón físico, los internos tienen otras opciones para tramitar sus denuncias (ver recuadro), o pueden presentarlas verbalmente ante los representantes de los entes de control en sus visitas periódicas a los centros de reclusión. La implementación del mecanismo liderado por la Defensoría del Pueblo ha contado con el apoyo de la embajada de Suecia y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo a través del proyecto ‘Paz Sostenible-PD/ Suecia-PNUD’.

Gracias a ello ya opera en los centros de reclusión de Cúcuta, Pereira, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cali, Quibdó, La Dorada y, por supuesto, Valledupar. En los próximos meses llegará a establecimientos de Bucaramanga, Popayán, Jamundí, Medellín, Itagüí, Pasto, Ibagué y Cómbita. El plan es que a finales de 2019 el mecanismo haya cubierto todos los 135 centros de reclusión del país. De esa forma la Defensoría del Pueblo cumplirá a cabalidad con la orden de la Corte Constitucional y las prácticas de tortura en las prisiones serán máculas superadas.

*Editor de Justicia de SEMANA.