Cada semana dos líderes sociales son asesinados en Colombia

Las cifras indican que cada tres días asesinan a un líder social en Colombia. Cada 24 horas hay dos victimizaciones que, principalmente, son amenazas. En algunas ocasiones llegan como panfletos, pero en otras como llamadas, mensajes de texto o simplemente razones enviadas con jóvenes.

Cuando ocurre el asesinato, el atentado o el secuestro de alguno de estos líderes, las autoridades suelen decir que no existía una denuncia y que por eso no podían prever el nivel de riesgo de la persona victimizada. Sin embargo, al acudir al territorio e investigar a profundidad, la mayoría de casos acontecidos parecen la crónica de una muerte anunciada. Así las cosas, hay una desconexión entre la realidad de las regiones y la información que llega a las instituciones encargadas de la seguridad. Según las investigaciones realizadas por la Fundación Paz y Reconciliación esto ocurre, principalmente, por cuatro razones.

La primera, que una buena cantidad de los líderes sociales victimizados se encuentra en zonas donde hay presencia de economías ilegales. Allí, las organizaciones criminales controlan casi todo, desde las instituciones del Estado hasta las juntas de acción comunal. Cuando el miembro de una de las JAC utiliza su teléfono o sale de la comunidad para ir a una institución estatal, la información se filtra y se produce la retaliación.

Estas retaliaciones no son constantes. En años recientes, ciudades como Tumaco (Nariño) o Buenaventura (Valle del Cauca), escuchan con frecuencia sobre los “homicidios ejemplarizantes”. Las organizaciones criminales asesinan con sevicia a algún líder social o a un miembro de la comunidad, y de esta manera envían un mensaje a la población. Luego de eso, nadie denuncia y la gente vive en verdaderos Estados autoritarios.

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Además, esta violencia ‘ejemplarizante’ plantea un gran reto en materia de política pública, pues para el Estado en algunas zonas hay pocos homicidios y por eso las considera tranquilas y sin crímenes. Pero en realidad son Estados mafiosos. La violencia selectiva opaca el control criminal; así pasa en el Urabá.

En segundo lugar, hay un tema muy delicado con los entes territoriales, ya sean alcaldías o gobernaciones. Muchos funcionarios públicos locales siguen considerando a los líderes sociales “guerrilleros”, “vividores”, “vagos que viven de los subsidios del Estado” o “escandalosos que buscan llamar la atención”. A nivel nacional, en Bogotá y las grandes ciudades, hay una gran sensibilidad frente a la seguridad de ellos, pero no en el ámbito local. El secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán dio el mejor ejemplo cuando manifestó que quienes cumplen esta labor social son guerrilleros, que las Farc aún existían y que eran lo mismo. Señalamientos como esos significan ponerles una cruz en la frente a los líderes. Todo esto causa que la gente no denuncie y no tenga confianza en las entidades estatales.

En tercer lugar, es difícil acceder a las instituciones del Estado. Muchas comunidades están en zonas rurales apartadas, a varias horas de camino. En otros casos no hay presencia estatal, especialmente en los corregimientos. Únicamente cuando entran funcionarios públicos como la Defensoría del Pueblo o el personero municipal el Estado conoce el peligro que corre su población. A esto se le suma que muchas comunidades desconfían de las autoridades locales y no tienen acceso a los organismos del orden nacional.

Por último, hay mucha corrupción. En el Urabá, por ejemplo, la cercanía entre criminales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado impide a la población denunciar. En esta zona del país los reclamantes de tierra y verdad dicen que no distinguen entre las fuerzas estatales y las organizaciones al margen de la ley.

Los criminales saben que sus actos quedarán impunes, por ello siguen victimizando a los líderes sociales. Mucha de la sangre que corra en los próximos meses provendrá del avance de la justicia transicional. Mientras más veracidad exista, los reclamantes de tierra y de verdad sufrirán más persecuciones. Igualmente, de no haber un plan de choque para las elecciones locales de octubre de 2019, habrá muchos muertos: los políticos tradicionales ven en estos líderes una amenaza al poder.

* Politólogo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.