Colombia, el tercer país más riesgoso del mundo para los líderes ambientales

La defensa del territorio en Colombia se paga con la vida”. Esto le respondió Francia Márquez, líder ambiental de las comunidades afrodescendientes del Cauca, a un periodista español que le preguntó sobre los riesgos de ser ambientalista. Las palabras de la ganadora del premio internacional Goldman –equivalente a un ‘Nobel’ de medioambiente–, tienen sustento en una cifra dolorosa: después de Brasil y Filipinas, Colombia es el país más peligroso para este tipo de líderes, según la organización Global Witness. En el transcurso de 2017, como ellos mismos reportaron, murieron asesinados 24 defensores ambientales.

Márquez, como deben hacer otros ambientalistas colombianos, habla desde el exilio. Salió desplazada en 2014 del municipio de Suárez, Cauca, donde vivía. La razón: sus denuncias constantes sobre la minería ilegal que estaba destruyendo al río Ovejas, uno de los principales afluentes de su región. Una suerte similar afrontó Jackeline Romero, líder wayúu amenazada por alertar del peligro de las actividades extractivas. Global Witness recogió uno de los mensajes intimidantes que le llegaron: “No se meta en lo que no le incumbe, evite problemas, sus hijas están muy lindas y piense en ellas…”.

Aunque no existen cifras precisas sobre la violencia contra líderes ambientales en Colombia, sí se puede dimensionar el problema partiendo del informe anual de Somos Defensores, organización que sistematiza la violencia contra los líderes sociales en el país. Durante 2017, señala el informe, amenazaron a 370 de ellos. La mayoría de amenazas llegaron de Antioquia, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, regiones de lucha constante por la tierra, el agro y el ambiente.

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La expansión de los grupos ‘posdesmovilización’ (Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia) ha implicado, directamente, la apropiación y el control de economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estas banda armadas al margen de la ley ejercen presión contra líderes en Llorente y Tumaco, Nariño; Argelia, El Tambo, Suárez, Caloto y Corinto, en Cauca; Buenaventura, Valle del Cauca; La Gabarra, Tibú y El Tarra, en Norte de Santander; y en Tarazá, Caucasia y El Bagre, municipios antioqueños.

En Chocó, el 8 de diciembre de 2017, hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas asesinaron a Hernán Bedoya, líder de las comunidades afrodescendientes y defensor de las fuentes hídricas en Riosucio, territorio en disputa por el ELN y las AGC. También causó conmoción el caso de Emilsen Manyoma, una de las líderesas de la red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (Conpaz). La asesinaron en Buenaventura, en enero de 2017, por defender los derechos humanos y el medioambiente.

Las cifras más recientes de Somos Defensores comprueban que los líderes que protegen la tierra están en un riesgo latente. Entre enero y marzo de 2018, dice el informe de esta organización, murieron asesinados 46 líderes sociales en el país. Varias de las víctimas trabajaban en temas esenciales para el medioambiente.

Una de ellas era Magdalena Cruz Rojas, integrante del Movimiento para la Sustitución de Cultivos de Mapiripán, asesinada por las disidencias de las Farc. Jesús Orlando Grueso, líder en Guapi, Cauca, uno de los departamentos con más conflictividad por la tierra, tuvo también un final desafortunado. Trabajaba en el Movimiento Étnico y Popular del Pacífico y en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) impulsando la sustitución de cultivos.

Los casos de defensores ambientales asesinados que conocen las instituciones representan la punta del iceberg del problema. Y la preocupación crece aún más al revisar los niveles de impunidad. En otra investigación, Global Witness y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, revelaron que de 122 casos de defensores del medioambiente asesinados en Colombia, entre julio de 2010 y junio de 2016, la justicia solo generó condenas en ocho. “Esto ubica la tasa de impunidad en 92 por ciento”, concluyeron las organizaciones.

*Periodista.