El reto del Acuerdo de La Habana

El Gobierno colombiano tiene la obligación de emplear todos los medios a su alcance para detener la violencia contra los defensores de los derechos humanos, un fenómeno que viene en aumento y que amenaza la implementación de los Acuerdos de Paz, alcanzados en La Habana hace dos años.

No es para menos. “He visitado muchos países, pero la situación que veo en Colombia es realmente dramática” acaba de decir Michel Forst, Relator Especial de la Naciones Unidas  sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, luego de un recorrido de 14 días por diferentes regiones del país.

Contener esta violencia sería la mejor muestra de voluntad del Gobierno para enfrentar todas las causas que generan las graves violaciones a los derechos humanos. Especialmente cuando el Relator de la ONU señaló que mientras la tasa de homicidios se redujo en un 40 por ciento, la violencia contra los líderes sociales crece de forma sistemática. De acuerdo con Indepaz, entre el primero de enero y el 17 de noviembre de este año, 226 defensores de derechos humanos fueron asesinados.

Detrás de estos ataques está el vacío de poder que dejaron las Farc-EP, tras su reincorporación a la vida civil, la falta de presencia estatal integral y las demoras en la implementación del Acuerdo de La Habana. Así lo ha evidenciado la Comisión de Paz del Senado en sus visitas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Miravalle (Caquetá), Mutatá (Antioquia) y Caño Indio, en Tibú (Norte de Santander).

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El Estado ha sido muy lento para copar los espacios que dejaron las Farc-EP, lo que se refleja en el ingreso de grupos criminales que han desatado una guerra por el control de las economías ilegales aún existentes. Y esta violencia también ha generado el desplazamiento de comunidades vulnerables hacia las grandes ciudades, como por ejemplo, el de los indígenas Embera, de los cuales hay más de 1.000 viviendo de la mendicidad en Bogotá.

Los homicidios selectivos son un palo en la rueda en la implementación de los Acuerdos, no obstante, estos últimos son una herramienta clave para promover un cambio en la cruda situación de derechos humanos porque su diseño se orienta, precisamente, al beneficio de las comunidades campesinas a través de inclusión económica y política.

No más asesinatos de defensores de derechos humanos. El Estado debe fortalecer su presencia en esas zonas donde las comunidades están a merced de las economías y los grupos ilegales, así como hacer los esfuerzos necesarios para identificar a los responsables y sancionarlos con todo el peso de la ley. De esta forma, podremos seguir construyendo la paz.

*Senador de la República.