El trabajo entre la defensoría y la corte ayuda a visibilizar a las poblaciones vulnerables

La Constitución de 1991 es un pacto de convivencia cuyo fundamento son los derechos humanos. Esta carta política les permite a los ciudadanos exigir las promesas que se consagraron en ella, para que no se conviertan en simples fórmulas jurídicas vacías, y para que los colombianos puedan no solo aspirar, sino exigir el respeto por su dignidad y la igualdad material.

Para que esto sea una realidad, los constituyentes no ahorraron ningún esfuerzo en incluir mecanismos judiciales de protección de los derechos, y en crear un ambicioso andamiaje institucional que se erigiera en guardián de los mismos. Así, la Defensoría del Pueblo, tomada de la figura del ombudsman del derecho europeo, se diseñó como una institución exclusivamente dedicada a la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos.

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La anterior tarea ha sido central para consolidar un verdadero estado social de derecho. A pesar de que la Defensoría no tiene un catálogo de competencias tan amplio como el de la Corte Constitucional, la labor que viene desempeñando, especialmente en las regiones más apartadas y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), se ha convertido en la piedra angular para la protección de los derechos humanos. Los insumos que recolectan en campo son esenciales para que los jueces tomemos decisiones mejor informadas y eficaces en la protección y la garantía de los derechos fundamentales.

Así mismo, debe resaltarse el ejercicio de las ‘alertas tempranas’, por medio de las cuales la Defensoría ha llamado la atención a las demás entidades del Estado para proteger a líderes sociales, defensores de derechos humanos, comunidades indígenas y afrodescendientes y, en general, a la población más vulnerable del país.

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Su labor es de enorme importancia en un país que busca la reconciliación, pues esta no se logrará si no centramos nuestra mirada en los marginados y en aquellas zonas del país donde el Estado debe hacer presencia para lograr una verdadera transformación social.

*Presidente de la Corte Constitucional