INVESTIGACIÓN
Habrían sido 380 los líderes sociales asesinados en Colombia en 2016 y 2017
Estos son los cálculos estadísticos realizados por Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group. Más que números, este es un llamado a detener estos homicidios.
Más de 200 líderes sociales han sido asesinados en 2018, de acuerdo con el informe más reciente de Indepaz. Son muchas las organizaciones que hacen un seguimiento de esta problemática y emiten sus propios conteos, pero en los años recientes esta es la primera vez que alguna de ellas reporta un número tan alto de homicidios, lo que resulta alarmante.
El fin de la guerra contra las Farc ha logrado que el país se concentre en la situación de las regiones, sus líderes sociales y los defensores de derechos humanos. El éxito de la paz, en gran medida, depende de ellos. Cada vez se publican más informes que analizan las tendencias de sus asesinatos: dónde ocurren, a quiénes están matando y cómo. Todos esos listados coinciden en que los departamentos con más víctimas son Antioquia y Cauca, en estos territorios se han presentado homicidios de líderes campesinos, indígenas y afros. Los reportes también coinciden en que la mayoría de muertes se produjeron con armas de fuego.
Tal es la magnitud del problema que en su discurso de posesión el presidente Iván Duque afirmó que “más de 300 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos años”, y en el último mes anunció el plan para protegerlos. Pero, ¿cómo saber con más exactitud a cuántos de ellos han matado? Creer en una única cifra resulta ingenuo, cada una de las organizaciones que recopila estos datos se enfrenta a numerosas dificultades para lograr un consenso.
El principal problema es que no existe una definición oficial de quién es un ‘líder social’, pero se puede recurrir a la que describe al defensor de derechos humanos. Según las Naciones Unidas, este es aquel que “persigue la promoción y la protección de los derechos civiles y políticos, así como la promoción, la protección y la realización de los derechos económicos, sociales y culturales”. Sin embargo, al ser una definición tan amplia y general, cada organización hace una lectura diferente sobre quién es un líder y quién no. Ahora bien, aun en un escenario ideal, donde no hubiese espacio para las diferencias de criterio, seguirían existiendo barreras para que los listados coincidan.
Primero, las fuentes de información de cada una de las organizaciones son distintas. Por lo tanto, unas se enterarían de algunos asesinatos que las otras no registraron, o viceversa. Segundo, es más probable que se tenga noticia de los homicidios cometidos en las ciudades principales, que los sucedidos en municipios o corregimientos alejados. Tercero, las muertes pueden ocurrir en sitios donde, debido a la presencia de grupos armados, las personas prefieren no denunciar por miedo a correr la misma suerte de las víctimas. Cuarto, el nivel tan alto de la impunidad puede desalentar a quien quiere poner la denuncia. Y el listado sigue.
Por todas las razones anteriores, es todo un reto poder dar solo una cifra de defensores asesinados a partir de los conteos, por más juiciosos que estos sean. Pero, ¿qué pasaría si hubiera métodos estadísticos que permitieran estimar el total de líderes asesinados en Colombia? Es decir, ¿qué pasaría si las matemáticas nos pudieran responder de qué tamaño es el subregistro y pudiéramos medir lo que no se ve?
Dejusticia y Human Rights Data Analysis Group nos unimos para estimar cuántos asesinatos de líderes se quedaron por fuera de los conteos en 2016 y 2017. Para esto, utilizamos un modelo estadístico que estima la magnitud del problema con base en los listados ya existentes. Es decir, con este método podemos conocer el subregistro en esos dos años.
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Encontramos que en 2016 las organizaciones reportaron, en su conjunto, el asesinato de 160 líderes sociales; mientras que nuestra estimación es que pudieron haber sido hasta 180. En 2017 se informó el homicidio de 172 líderes sociales, pero nuestros cálculos muestran que quizá fueron 200. Esto significa que entre 2016 y 2017 podrían haber quedado por fuera de los registros 48 víctimas. De ser así, en los dos años se habría terminado con la vida de 380 líderes.
Es urgente tomar medidas para acabar con esto; con las muertes y las cifras, los números rojos. Deberíamos comenzar por escuchar las voces de los mismos líderes y de las organizaciones que llevan años trabajando con ellos y documentado una a una sus historias. De ser así, podríamos dejar la obsesión por responder cuántos son (los asesinados) y más bien aprender cómo son estos líderes (en vida), que luchan por los derechos de los colombianos en el país.
*Investigadora de Dejusticia