“Hay que frenar los asesinatos contra líderes sociales”

A pocas semanas de finalizar 2018 no he dejado de pensar en aquellos colombianos que este año fueron víctimas de la barbarie que azota al país. La violencia continúa, a pesar de que más de 10.000 guerrilleros abandonaron las armas gracias al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las Farc.

Este nuevo escenario exigía que el Estado ocupara de manera inmediata los territorios que estaban siendo abandonados por los alzados en armas. Debía ser una ocupación no solo militar, sino de desarrollo en su infraestructura vial, de educación, servicios públicos y proyectos productivos, acompañado del fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad a través del diálogo social.

Pero el Estado ha sido lento, y mientras tanto, otros actores al margen de la ley se están disputando los territorios que dejaron las Farc y, lamentablemente, la población civil quedó en medio de la confrontación. Además, se han identificado otras variables que hacen más caótico este complejo panorama: las rutas del narcotráfico, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la restitución de tierras, impulsan la muerte y las amenazas en regiones como el Pacífico y el suroccidente del país, el Catatumbo, Antioquia y Putumayo.

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La violencia se ha ensañado, especialmente, con los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Apenas habían transcurrido seis días de 2018 cuando desconocidos mataron en el Cauca a Alirio Sánchez, líder indígena del resguardo de Totoró. Otros 16 dirigentes comunitarios habían caído al finalizar enero, según el reporte de la organización Somos Defensores.

Mes tras mes, siguieron muriendo líderes frente a un país que mira estos crímenes con indiferencia, mientras los asesinos disparan parapetados en la impunidad, aunque ya la Fiscalía General de la Nación ha identificado a los responsables en un 50 por ciento de los casos y se han expedido cientos de órdenes de captura.

Hoy, mientras preparaba este texto, me enteré del asesinato de Héctor Fabio Almario, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Getsemaní, en el municipio de La Macarena, Meta.

Para 2019, el Estado colombiano debe imponerse el objetivo de frenar el asesinato de líderes sociales. La Procuraduría General de la Nación considera que, después de la firma de los acuerdos con las Farc, el mayor desafío que tiene el país es garantizar la vida de estos y de los defensores de derechos humanos con cada líder, con cada defensor muerto, también se asesina un proyecto social y una posibilidad de desarrollo para una comunidad y para una región, además de ser un atentado contra la democracia y la convivencia.

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Desde el Ministerio Público hemos acompañado a unos y otros en su lucha por lograr garantías para sus vidas. En julio de este año instalamos la primera Mesa por la Vida en Santander de Quilichao, Cauca, uno de los departamentos más afectados por este tipo de violencia. A finales de agosto realizamos otro acto similar en Apartadó, en el Urabá antioqueño, una región golpeada históricamente por el conflicto. Allí se firmó el Pacto por la Vida. Confiamos en que gracias a esta iniciativa se establezca, en 2019, una política pública orientada a proteger a quienes luchan por sus comunidades.

Es necesario que esta se construya mediante la interacción con los diversos colectivos, atendiendo a las particularidades étnicas y regionales. Con este propósito, el año que viene seguiremos propiciando espacios de diálogo entre las comunidades y el Estado, y apoyaremos las diversas iniciativas creadas con ese fin.

Tenemos la firme esperanza de que para 2019 logremos frenar el homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Más de 340 dirigentes comunitarios –según la Defensoría del Pueblo– han sido asesinados desde el primero de enero de 2016. ¡Debemos parar esta barbarie!

*Procurador general de la Nación.