La Fiscalía ha esclarecido casi el 50 por ciento de homicidios a líderes sociales

Desde 2016 la Fiscalía General de la Nación inició una estrategia para la investigación y judicialización de los homicidios contra los defensores de derechos humanos, que responde a los desafíos de la desmovilización de las Farc-EP y la salida de los territorios donde históricamente hicieron presencia.

Esta estrategia se diseñó teniendo en cuenta las dinámicas de violencia identificadas en los territorios y definió unas líneas de acción que han permitido un cambio de paradigma en la investigación penal. Entre las decisiones adoptadas hay dos que son especialmente significativas para los resultados obtenidos.

Una es la de establecer como primera hipótesis investigativa que el homicidio del líder ocurrió debido a su labor en defensa de derechos humanos, o con el fin de impedir que la llevara a cabo. La segunda consiste en haber designado equipos de fiscales e investigadores para llegar en tiempo real a las escenas de los hechos, sin importar dónde ocurran.

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Hace un año se expidió la directiva 002 de 2017 “por medio de la cual se establecen lineamientos generales sobre la investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos en Colombia”. Esta fue construida con el acompañamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que aportó insumos sobre los estándares interamericanos aplicables a la investigación penal de estos delitos. Su objetivo es asegurar que las investigaciones se realicen bajo parámetros internacionales. Por ejemplo, la labor debe empezar de manera inmediata y se adelanta bajo estándares técnico-científicos. También se definieron los protocolos específicos para la conservación adecuada de los elementos que se recaudan en las escenas de los crímenes.

Igualmente, en el desarrollo de las investigaciones, los fiscales deben tener en cuenta la asociación de casos, bien sea a través de patrones que explican la comisión del delito, o por la condición de las víctimas en relación con determinado contexto de conflictividades sociales, espacio geográfico o disputas políticas. Y los procesos deben responder a un plazo razonable, esto supone que las decisiones de los funcionarios de la Fiscalía deben ordenarse y concluirse sin ningún tipo de retardos injustificados.

Estas medidas han permitido que la entidad obtenga resultados sin precedentes. Se ha logrado un esclarecimiento de homicidios contra líderes sociales del 54 por ciento, y de los cometidos contra la población civil, del 26 por ciento.

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De los 330 homicidios de defensores de derechos humanos o integrantes de organizaciones sociales, presentados por la Defensoría del Pueblo de 2016 a agosto de 2018, se han esclarecido el 43,33 por ciento de ellos. Por otra parte, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 213 casos de líderes que fueron asesinados, entre el primero de enero de 2016 y el 14 de noviembre de 2018, mientras ejercían sus labores. Frente a este universo la entidad ha logrado el esclarecimiento de 118 casos, que equivalen al 55,40 por ciento (Ver recuadro).

Los líderes de juntas de acción comunal han sufrido en mayor medida la violencia. Esta situación es alarmante si se tiene en cuenta que son estos ciudadanos los que impulsan el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis). Por ejemplo, se han presentado 38 homicidios contra líderes en 25 de los 52 municipios en los que opera el Pnis.

Las exigencias para el Estado van a continuar y la Fiscalía General de la Nación mantendrá la disposición de su equipo de fiscales e investigadores y sus capacidades técnicas al servicio de la judicialización de los responsables de los homicidios contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Este es el aporte más importante en favor de quienes construyen país desde los territorios.

*Vicefiscal General de la Nación.