ENTREVISTA

“La gente no siembra coca porque quiere, sino porque le toca”: Carlos Negret

A esta conclusión llegó el defensor del Pueblo, Carlos Negret, después de recorrer las zonas más apartadas del país en chalupa, en burro y a pie. La falta de presencia estatal es el principal problema de una Colombia que solo podrá ser viable si se rodea al sector rural.

Lariza Pizano*
11 de diciembre de 2018
"Carlos Alfonso Negret en una de sus visitas a Ciudad Bolívar. " | Foto: Fred Solís

Carlos Negret cumple 28 meses de gestión al frente de la Defensoría del Pueblo. En este periodo ha recorrido y visibilizado los problemas de la Colombia profunda, esos rincones donde la única cara visible del Estado es la Defensoría.

Lariza Pizano: Acaba de llegar de un largo viaje por el Pacífico, ¿por qué le preocupa tanto esa región?

CARLOS ALFONSO NEGRET: Colombia tiene una deuda con el sector rural y todo el Andén Pacífico. Hicimos la ruta de Buenaventura a Tumaco y encontramos que la gente en su mayoría vive de dos economías ilegales: la hoja de coca y el oro. Hoy a las comunidades del Valle, Cauca, Nariño y Chocó les cuesta hallar negocios formales y diferentes. Le he insistido al anterior gobierno y a este que necesitamos a la fuerza pública para atacar a las estructuras mafiosas, pues la gente siembra coca porque le toca, no porque quiere.

L.P.: También ha insistido en que el tema de fondo es la falta de presencia estatal en los territorios. ¿Qué se debería priorizar en estas regiones?

C.A.N.: Hacer una gran inversión en los ríos. En el Andén Pacífico y en muchas otras zonas del país estos son las vías 4G. Por ellos se llevan de un lado a otro los productos agrícolas, los niños, la gente a los hospitales. Así que en su orden las prioridades deben ser infraestructura, salud, educación y vivienda.

L.P.: Usted vivió el antes y el después del acuerdo de paz. ¿Cómo cambió el país con este?

C.A.N.: Todos deberíamos estar complacidos con la paz. Y aunque es necesario tener paciencia con la reincorporación, es evidente que se requiere mayor presencia estatal en las zonas que eran ocupadas por la guerrilla. A la paz le faltó que la sociedad colombiana la entendiera y, sobre todo, que desde las ciudades comprendiéramos qué pasa en el campo. Para que Colombia sea viable, tenemos que rodear al sector rural.

L.P.: ¿Cómo articular el apoyo al campo con una política de drogas que tiene demoras en los procesos de sustitución y un énfasis represivo?

C.A.N.: Veo un buen ánimo del alto consejero para el posconflicto, Emilio Archila, para sacar adelante el programa de sustitución de cultivos, pero advierto que la gente no quiere que la vuelvan a engañar con esa sustitución. Si van a reemplazar la coca por yuca o cacao, tienen que contar con los medios para transportar los productos y comercializarlos en la región. Eso requiere vías, mercados y apoyo estatal. Pero también seguridad. A las bandas criminales y al narcotráfico la sustitución no les gusta y por esa razón han asesinado muchos líderes sociales.

L.P.: ¿Cómo ve al gobierno frente a la política de sustitución?

C.A.N.: El gobierno se comprometió a erradicar 200.000 hectáreas antes de 2023. Si eso se logra sin una solución social clara, esa estrategia de la lucha antidrogas no va a ser sostenible. Repito, la gente no siembra coca porque quiere, sino porque le toca. Como me dijeron los campesinos afro de Tumaco: “Vivimos de la coca hace 40 años, durante ese tiempo han fracasado muchos planes de sustitución”. Por eso la importancia de que el acuerdo de paz sea interpretado como un hito que va más allá de la negociación con las Farc.

L.P.: Sus declaraciones sobre los asesinatos de líderes sociales generaron incomodidad. ¿Cómo ve hoy ese problema?

C.A.N.: En las 21 misiones comunitarias que hemos hecho, siempre nos encontramos con la tragedia de los líderes sociales asesinados. El gobierno aseguraba que el número de víctimas era menor que el que teníamos nosotros. Para la tranquilidad de la Defensoría del Pueblo, en marzo de este año el alto comisionado de las Naciones Unidas en Ginebra indicó que hasta 2017 y desde la firma del acuerdo, había 121 líderes y defensores de derechos humanos asesinados. A nosotros nos daba una cifra parecida: 126.

L.P.: ¿Qué ha hecho la Defensoría frente a ese drama?

C.A.N.: Acordamos con la Fiscalía que siempre que demos la noticia de un posible líder social asesinado la primera hipótesis que trabaje sea que lo mataron por su liderazgo. Si al concluir la investigación se encuentra que fue por un motivo diferente, no tendremos ningún problema en ajustar los indicadores. En todo caso, si no hubiera sido por el proceso de paz, la cifra de más de 300 líderes asesinados sería el doble. Antes del acuerdo imperaba una ley del silencio y no sabíamos que los mataban. A muchos los acusaban falsamente de hacer parte de grupos armados.

Lea también: "Setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos"

L.P.: Otro avance que se reconoce tiene que ver con el sistema de alertas tempranas…

C.A.N.: Derivado del acuerdo de paz, el gobierno emitió a finales del año pasado el decreto 2124 mediante el cual le devolvía la autonomía de las alertas tempranas a la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos muy expectantes de que el gobierno nacional defina un esquema de respuesta rápida adecuado a los territorios y los riesgos identificados por la Defensoría, pues ni el anterior ni el actual gobierno lo ha hecho con las precisiones que este exige. El sistema es clave porque si el defensor alerta que va a haber una matanza, el ministro del Interior se ve obligado a extender un protocolo ante esa amenaza.

L.P.: La situación de los venezolanos inmigrantes es otro fenómeno complejo. ¿Le ve solución?

C.A.N.: Hemos visitado todos lo puestos fronterizos y trabajado con Acnur para proponerles una solución. En su momento advertimos un número alto de venezolanos entrando a Colombia y no nos creyeron. En junio del año pasado fui a visitar al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y le hablé de tres temas: las Farc, los líderes sociales y Venezuela. Ni él, ni el Estado, ni la sociedad, dimensionaron que ese fuera un problema tan grande, que requiere toda la solidaridad y compromiso hacia quienes llegan del vecino país.

L.P.: Lo acaban de nombrar secretario general del Ganhri, ¿qué implica ese nombramiento?

C.A.N.: El Ganhri es una alianza de instituciones nacionales de derechos humanos. El nombramiento quiere decir que coordino todas estas instituciones por ahora, y soy el enlace de esas entidades con Naciones Unidas. Es un nombramiento importante para el momento que vive Colombia: es un parlante positivo ante el mundo.

L.P.: Durante su gestión se ha hecho evidente una profunda sensibilidad social, ¿de dónde viene?

C.A.N.: Los servidores públicos debemos cumplir la Constitución y las leyes, pero tenemos que trabajar con el corazón. Estos cargos demandan mucho tiempo, una enorme responsabilidad y uno quisiera no equivocarse. Le he puesto el alma y el corazón a esto.

*Editora política de SEMANA