¿Qué hace el gobierno Duque para frenar las muertes de líderes sociales?

La firma del acuerdo de paz con las Farc parecía ser la oportunidad para dar un respiro a la violencia que azotó al país durante casi medio siglo, pero la ventana que se abrió la aprovecharon los grupos armados ilegales para imponer su ley en los territorios que antes ocupaba la extinta guerrilla. Si bien la tasa de homicidios en 2017 fue la más baja del país en 42 años, los asesinatos y acciones violentas contra líderes sociales han aumentado significativamente en el último trienio (sobre las cifras hablamos en la página 66).

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, desde el primero de enero de 2016 hasta el 22 de agosto de 2018 han sido asesinados 343 líderes en el país. “Es decir, hoy las muertes de líderes en el país son casi el doble de las registradas en el pasado”, dice Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y miembro como sociedad civil de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

Para él, esta situación “es un problema heredado” y aunque es notorio ahora, sucede desde hace más de una década. “Es una mafia que existió antes y existe ahora, basada en unas estructuras violentas que sobrevivieron y que ni el gobierno de Uribe ni el de Santos quisieron reconocer –y agrega–, pero ese ‘enano’ que trataron de ignorar, es ahora un gigante imposible de esconder”.

Por eso, aunque el actual gobierno tiene menos de seis meses en el poder, “desde el primer día el presidente Duque le pidió al Ministerio del Interior coordinar la elaboración de una acción que diera una respuesta inmediata a la situación de amenazas que tienen los líderes en el territorio colombiano”, según explica la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

Como primera medida, se hizo un diagnóstico del problema junto con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Fiscalía y la Policía Nacional. Con este quedó en evidencia “que había una desarticulación entre las entidades. Trabajan pero solo dentro de sus competencias, sin articularse con el Estado”, sostiene Gutiérrez.

Para remediarlo, el gobierno definió una ruta de acción que parte de la priorización de atención en las “zonas con más riesgos, asesinatos y amenazas, para poder desarrollar en ellas las acciones en territorio”.

Gutiérrez se refiere al Plan de Acción Oportuna (PAO). “Una de las metas de los 100 días del ministerio era entregar ese plan de trabajo, y cumplimos con el PAO”, sostiene. Además, la ministra destaca los Comités de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem), “que son los consejos que revisan la situación de las alertas y el grado de riesgo en que se encuentran los líderes”.

Pero juristas como Gallón no son tan optimistas. Él no está convencido de que ese sea el enfoque correcto para atacar este problema. “Es un fenómeno que no se puede enfrentar solo con medidas de fuerza pública, hay que usar medidas sociales también”. Y muestra su escepticismo ante el PAO. “Esa ruta me parece un espejismo, porque el gobierno anterior había empezado a avanzar en la dirección correcta al crear el Comité de Evaluación como resultado de los acuerdos con las Farc ”.

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Gallón recuerda que el pasado agosto el presidente Iván Duque se comprometió a citar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pero hasta ahora no lo ha hecho y, en cambio, expidió el decreto 2137 por el cual creó una comisión para hacerle seguimiento al PAO, “ignorando a la comisión existente, que tiene dentro de sus obligaciones hacer, justamente, lo que pretende el Plan de Acción Oportuna”. Explica también que los integrantes de esa nueva comisión son los mismos de la Comisión Nacional de Garantías “pero sin los miembros de la sociedad civil”.

Sobre la cantidad de crímenes contra los líderes sociales que quedan impunes, la ministra Gutiérrez respalda el trabajo adelantado por la Fiscalía que, afirma, ha cumplido con una meta del 50 por ciento de eficacia en las investigaciones. Sin embargo, Gallón desconfía de estas cifras y opina que condenar al autor material de un hecho resuelve poco; al final, quienes están detrás de los crímenes siguen libres. Hay que ir por ellos, detenerlos, condenarlos, para poder frenar de raíz los homicidios contra los líderes y defensores. Hoy, el número sigue creciendo.