Los desafíos del Túnel de Oriente

El 5 de noviembre de 1966, las palabras de un visionario parecían fáciles para que la movilidad del departamento de Antioquia viera la luz al final del túnel. Jacques de Bedout Villa –que fue después alcalde de Medellín– escribió una frase profética en una carta en la que invitaba a los concejales de la capital paisa a superar un reto más que apropiado para la estirpe colonizadora antioqueña: “Es necesario acometer una obra de conexión vial subterránea y moderna entre los valles de Aburrá y San Nicolás”, les pedía.

Sin embargo, la invitación tuvo que esperar 53 años para ser realidad. El Túnel de Oriente, inaugurado el pasado 15 de agosto, recorrió un largo camino desde aquel entonces. Solo hasta 1997 se firmó el contrato de concesión de la obra Aburrá Oriente, que planteaba construir el túnel, y para la que se unieron 54 empresas antioqueñas de ingeniería que integrarían la junta directiva y llevarían a cabo el reto de unir el Valle de Aburrá (Área Metropolitana de Medellín) con el Valle de San Nicolás (Rionegro).

Y es que después de la firma del contrato de concesión, el proyecto estuvo en el limbo por voluntades políticas. No obstante, se logró atravesar el cúmulo de dificultades administrativas acumuladas en ocho periodos distintos y hoy es una flamante obra de 22,3 kilómetros, que cuenta con tres túneles –túnel Seminario, túnel principal Santa Elena y túnel de evacuación paralelo al de Santa Elena– y dispone de 1,9 kilómetros de viaductos o puentes que se construyeron sin tocar la montaña, lo mismo que dos intercambios viales y cuatro kilómetros de vías a nivel.

Además, la obra pretende seguir creciendo al habilitar el subterráneo paralelo al túnel Santa Elena, un ducto que actualmente funciona como ruta de escape en caso de emergencia, pero que se espera sea la continuación del proyecto.

“Esta nueva vía de comunicación motiva el incremento de la actividad económica de la región, su productividad, el aumento de proyectos industriales y el turismo, entre otros, los cuales permitirán mayores ingresos para la región”, afirma Germán Rueda, gerente de la concesión.

Retos técnicos

Para hacer esta obra realidad fue necesario enfrentar muchos retos en materia técnica. En 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales suspendió la licencia concedida en 2011 debido al riesgo de afectar las fuentes de agua superficiales de Santa Elena. Lo anterior llevó a los socios del proyecto a investigar, a nivel nacional e internacional, con especialistas en tunelería, cuál era la tecnología más avanzada para evitar filtraciones de agua en el túnel y en los canales hídricos. Fue así como llegaron al sistema de preinyección, que consiste en inyectar una mezcla de agua, microcemento, aditivos sintéticos y plastificantes a la roca de la montaña antes de excavar. Dicha mezcla crea una coraza en el interior del túnel que impermeabiliza la roca, haciendo que no se afecten la fuentes hídricas y evitando derramamientos de agua en el interior del túnel.

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Esta tecnología es muy utilizada en Europa, pero el Túnel de Oriente es la obra pionera en emplearla en Colombia y en América Latina. Otro hito que marcó el proyecto es contar con 8,2 kilómetros de longitud en operación, lo que lo convierte en el túnel vial más largo en operación en el continente.

En términos de tecnología, además, se utilizaron tuneladoras o maquinaria Jumbo, totalmente nueva, importada de Suecia, y se llevaron a cabo procesos automatizados para la irrigación del cemento. Todas estas características hacen de la obra un ícono que deja lecciones para el país.

“La autoestima de la ingeniería colombiana y antioqueña estaba lastimada debido a los hechos recientes de fallas en algunas obras y edificios. Pero con este túnel levantamos el orgullo de la calidad y la excelencia de la ingeniería colombiana y antioqueña, al lograr terminar en cinco años un megaproyecto que no afectó ambientalmente la zona de intervención y que traerá desarrollo a la región desde ahora y en adelante”, concluye el ingeniero gerente de la concesión.

El costo total fue de un billón de pesos, incluyendo la compra de predios y la interventoría, y se ejecutó sin sobrecostos. Se terminó en 35 meses de jornadas ininterrumpidas, en las que –según cuenta el equipo de trabajo– solo descansaron una semana al final de cada año.