De esto se trata el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria

No es un secreto que el campo colombiano tiene por delante un extenso proceso de modernización y que mejorar su competitividad es una tarea urgente. Por eso el gobierno le propuso al Congreso de la República una ley para crear el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria que servirá como herramienta definitiva para garantizar el progreso de este renglón en los próximos años.

Esta propuesta se convirtió en una de las leyes más importantes para el sector agrícola en las últimas décadas. ¿Qué cambió para el campo con esta ley que busca generar competitividad, innovación y sostenibilidad? Primero, que gracias a esta podrán acoplarse tres factores que asegurarán el progreso del agro: la investigación y el desarrollo tecnológico, la formación y la capacitación para la innovación y la extensión agropecuaria.

Juan Lucas Restrepo, director de Corpoica, explicó que bajo la sombrilla del Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (establecido por la Ley 1876 de 2017) quedaron integrados los elementos mencionados bajo tres subsistemas: el primero de ellos es el de investigación y desarrollo tecnológico, el segundo es el asociado a la capacitación agrícola y el tercero el de extensión agropecuaria.

“Esta ley debe promover, en el tiempo, un enfoque territorial fuerte. Hay que facilitarles a esos territorios el acceso a nueva tecnología, capacitación y formación”, explicó Restrepo. El sistema debe darles herramientas a los agricultores para que descubran las verdaderas vocaciones de la tierra, se integren a cadenas de valor y, además, construyan una cultura. “La innovación no solo se trata de las ‘ciencias duras’, como suele creerse. Esta requiere un cambio en la cultura, en la acumulación de conocimiento y en el capital social”.

Los tres subsistemas

De acuerdo con la ley, el Subsistema Nacional de Investigación y Desarrollo Agropecuario será un pilar estratégico, de este dependerá la transferencia de tecnología e innovación de acuerdo con las necesidades del campo y de los productores del país.

En segundo lugar, la creación del Subsistema Nacional de Formación y Capacitación para la Innovación Agropecuaria permitirá que los programas educativos relacionados con el agro tengan buenas bases orientadas a generar competencias para investigación, extensión agropecuaria, e innovación.

Y como tercera columna esencial de la nueva legislación, está el diseño del Subsistema de Extensión Agropecuaria, el cual quiere darle un giro al modelo tradicional de asistencia, para cubrir las necesidades de los productores en condición de vulnerabilidad. “La extensión cubre el desarrollo del agricultor y de su comunidad, mientras que la asistencia tradicional tiene que ver con el ámbito tecnológico: semillas, mejoras, recomendaciones a sistemas de producción, entre otros”, agregó Restrepo.

El Estado colombiano deberá asumir un costo grande para poner en marcha este último subsistema: cerca de 1 billón de pesos anuales. Pero más allá de los recursos, el objetivo del gobierno es que este servicio llegue a todos los productores agropecuarios con un enfoque de capital humano, empoderamiento y desarrollo social.

A su vez, el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, reiteró que con la nueva normatividad “se apunta a que los productores del sector agropecuario mejoren sus capacidades integrales para que sus unidades sean más productivas, competitivas y rentables”. Esto es elemental para reducir la pobreza y promover la igualdad.

El reto de la implementación

Aunque el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria ya es un hecho como norma, su implementación demandará esfuerzos de múltiples entidades del Estado, de la academia y del sector privado. Actualmente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Corpoica y el Sena adelantan su reglamentación y definen las condiciones para el despegue del Fondo de Extensión Agropecuaria.

“El gran reto es construir los lineamientos para la estructuración de los planes departamentales de extensión agropecuaria. Estos deben reflejar la hoja de ruta que permita resolver las necesidades que tiene el sector en cada departamento y promover la habilitación de empresas prestadoras de este servicio”, manifestó Díaz Granados.

Todos los productores agropecuarios, forestales y acuícolas, en particular los que están organizados de forma asociativa o gremial, se verán beneficiados con los propósitos del sistema, como fortalecer encadenamientos productivos a través del enfoque territorial. “No puede olvidarse que más del 86 por ciento de los productores del país son de economía campesina”, puntualiza Díaz Granados.