19,2 billones de pesos para regalías gracias al petróleo

La industria petrolera ha aportado recursos para el desarrollo y la inclusión social como ninguna otra en la historia de Colombia. Solo Ecopetrol (el mayor productor de crudo) desembolsó 200 billones de pesos entre 2007 y 2017. Para 2019 y 2020, el gobierno proyectó que el presupuesto total de regalías será de 19,2 billones de pesos, el más alto de los últimos seis años.

Para esas dos vigencias, la explotación de hidrocarburos aportará más de 15 billones de pesos, de los cuales 13,4 corresponden a la producción de crudo, y 1,7 billones, a la producción de gas. En minería, la contribución será de 3,2 billones, básicamente por la explotación de carbón y níquel, entre otros minerales. Con ese dinero, uno de los mayores incrementos que hará el gobierno será en el presupuesto para la consolidación de la paz, que pasará de 511.000 millones de pesos a casi 1,7 billones. Por su parte, la asignación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación se incrementará de 1,1 a 1,7 billones de pesos.

Esa recuperación del monto bianual del presupuesto de regalías fue posible gracias a los altos precios del petróleo que se han registrado en los mercados internacionales durante este año, con una referencia Brent que ha marcado niveles por encima de los 80 dólares.

Un alivio para las regiones, si se tiene en cuenta que entre junio de 2014 y enero de 2016 se registró uno de los desplomes más fuertes en los precios, que cayeron de 100 dólares y estuvieron por debajo de los 29 dólares. Este bajón repercutió directamente en el monto que las empresas petroleras y mineras giraron a las regiones por la explotación de recursos naturales. Tanto es así, que el presupuesto disminuyó de 18,2 billones de pesos entre 2015 y 2016, hasta 11,7 billones, entre 2017 y 2018.

Con el incremento de las regalías también aumenta la posibilidad de financiar mejores proyectos de desarrollo para los territorios. María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía, explicó recientemente que a los 19,2 billones de pesos del presupuesto bianual 2019-2020, hay que sumarles 8 billones disponibles en saldos sin ejecutar en los fondos de regalías, y otros 3 billones adicionales provenientes de las buenas cotizaciones del petróleo y el carbón. Es decir, se dispondrá en total de 30 billones de pesos.

Ese repunte en los precios del petróleo vino acompañado de iniciativas como Obras por Regalías y el Certificado de Reembolso Tributario (Cert), con las que se busca alentar a las empresas a reactivar el sector. A través de la primera, las compañías podrán ejecutar proyectos específicos en sus regiones de influencia con cargo a las regalías que deben pagar al Estado. En el caso del Cert, el gobierno busca que las petroleras reciban un beneficio en sus impuestos, siempre y cuando inviertan más de lo que se comprometieron en los contratos ya firmados con la Nación.

En medio de este buen escenario el ente gurbernamental y las empresas enfrentan la decisión de cómo proceder frente al agotamiento de las reservas, que alcanzarían solo para unos siete años más.

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El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, advierte que si Colombia tuviera que importar unos 400.000 barriles de crudo diarios a un precio estimado de 80 dólares por barril para abastecer sus necesidades internas, eso le costaría unos 12.000 millones de dolares al año (es decir, 36 billones de pesos) que tendrían que ser recortados de programas sociales e inversión.

Las proyecciones del gobierno indican que la producción promedio de petróleo esperada es de 844.000 barriles por día en 2018, que aumentarían a 872.000 en 2019 y hasta 936.000 en 2020. Durante este último año se registraría el pico de producción.

A partir de 2021, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) estiman que la producción local de crudo caiga a 797 kbpd para seguir una tendencia descendente hasta acercarse a los 600 kbpd hacia 2029.

Eso le impondrá un reto adicional al sector petrolero que tiene que encontrar más y mejor crudo, pero, sobre todo, a las regiones que estarán obligadas a lograr la ejecución de proyectos financiados con regalías para mejorar sustancialmente la calidad de vida de su población.