OPINIÓN
Ayudemos a que se respeten los derechos de los migrantes venezolanos
La actual situación política, económica y social de Venezuela, y el modo en el que sus habitantes emigran, aumenta el riesgo de que vean violados sus derechos. Colombia realiza grandes esfuerzos para acogerlos, pero puede hacer mucho más.
La conciencia de la humanidad reclama de los Estados una acción integral dirigida hacia el goce efectivo de los derechos humanos de las personas que migran forzadamente. El desplazamiento masivo de venezolanos hacia Colombia, y otras partes del mundo, evidencia la necesidad de establecer políticas que protejan a los individuos más vulnerables y carentes de recursos para que tengan un viaje seguro y digno.
La situación por la que atraviesa Venezuela y el modo en que sus habitantes salen del país, potencia el riesgo de violaciones a los derechos humanos y aumenta la posibilidad de que los inmigrantes se vinculen a grupos armados ilegales y delincuenciales –por coacción o por ser el último recurso para salir de esta espiral de injusticias–, así como también se incrementa la exposición de los venezolanos a caer en la prostitución y la trata de personas.
Otra situación que surge del actual fenómeno migratorio es que se han despertado en algunos colombianos reacciones intolerantes e insolidarias, pues ven en la presencia de los extranjeros un factor que amenaza su realidad, ya afectada por el conflicto y la inequidad social.
Mientras esto sucede, los marcos normativos convencionales quedan rezagados ante una realidad que no podía ser prevista ni tratada bajo ninguna fórmula jurídica preexistente.
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Hace un tiempo advertí que este fenómeno iba a desbordar las capacidades del Estado. Hice un llamado para que el gobierno avanzara en un plan de acción que contemplara garantías migratorias para el ejercicio de derechos como la salud, la educación y el trabajo, en condiciones justas y regularizadas; la creación de espacios temporales de acogida apoyados por la comunidad internacional, los cuales brindaran de manera organizada una oferta institucional para el ejercicio de los derechos humanos; involucrar a las comunidades receptoras en el plan de acción gubernamental, para que dieran un buen trato a los inmigrantes; y la creación de una campaña nacional para promover valores como la solidaridad, el respeto y la tolerancia, que deberían gobernar el modo en que recibimos y acogemos a los venezolanos.
Todos los colombianos tenemos la responsabilidad conjunta e ineludible de defender y procurar una migración digna para los migrantes del país vecino.
*Defensor del Pueblo.