La urgencia de formalizar a los inmigrantes venezolanos

El drama que viven a diario miles de venezolanos obligados a dejarlo todo debido a las políticas de Nicolás Maduro ha puesto a prueba a las instituciones del Estado colombiano y también a la ciudadanía. Hoy existe una división entre quienes están a favor de ayudar a los migrantes y aquellos que reclaman acciones drásticas del gobierno para esta población.

Esa dicotomía genera descontento ante cualquier acción tomada, pero nos invita a cuestionarnos como sociedad. No podemos olvidar que durante años los colombianos íbamos a otros países en busca de oportunidades.

Decir que estábamos preparados para esta situación sería una mentira. No creo que alguien haya pensado, en algún momento, que los habitantes de uno de los países más ricos de Suramérica tendrían que salir a buscar comida, medicinas e incluso, un futuro en tierra colombiana.

Respondemos de acuerdo con nuestras capacidades. Hemos recibido a los más de 22.000 connacionales expulsados de Venezuela, cuyo número ha aumentado con el paso de los años a medida que se ahonda la crisis. Hoy día, cerca de 300.000 colombianos regresaron al país.

También tendimos una mano al pueblo venezolano. Flexibilizamos nuestra normatividad migratoria, al generar alternativas como la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y el Permiso Especial de Permanencia (PEP). La primera herramienta permite a los venezolanos moverse por la zona de frontera, mientras la segunda legaliza su situación en Colombia por dos años, y les da la posibilidad de trabajar, estudiar, afiliarse al sistema de seguridad social e incluso abrir cuentas bancarias.

Estas medidas pueden llegar a ser irrisorias para algunas personas, especialmente para quienes no recuerdan que hasta hace unos años no existía ningún tipo de control en zona de frontera. Los venezolanos entraban y salían de nuestro país sin que nadie supiera quiénes eran y a qué venían.

Hoy podemos decir que tenemos identificados a más de 1.600.000 venezolanos con TMF. Ellos se mueven diariamente por nuestra frontera para comprar alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Hay 1 millón de ciudadanos del vecino país en nuestra Nación, y ya tenemos identificados a más de 800.000, y les entregamos permisos temporales, visa, cédula de extranjería o PEP.

Estas dos medidas de flexibilización no limitan la movilidad de las personas y nos ayudan a blindar a Colombia de posibles amenazas externas.

De nada sirve pedirles a los migrantes una enorme cantidad de documentos. Los ejemplos internacionales nos han indicado que las grandes exigencias en las fronteras incentivan la irregularidad, hacen que el extranjero ponga en riesgo su vida en manos de terceros (que los tratan como mercancía) y exponen la seguridad de los países.

Construir una migración ordenada y segura es posible. Para lograrlo se requiere del compromiso de todos, del Estado y de la sociedad, de nacionales y de extranjeros. De nada sirve que el país formule políticas de atención si se generan actitudes que incitan a la irregularidad y que no permiten conocer la población real a la que se debe brindar apoyo. De nada sirve que el extranjero entre de forma regular, si no se le involucra a la sociedad.

Estamos llamados a tenderles una mano a nuestros hermanos venezolanos. Pero no podemos pensar en ayudarles si sacamos provecho de ellos. Y esto lo vemos cuando las empresas para las que laboramos, o nosotros mismos, los contratamos por un salario menor, les exigimos más horas de trabajo o no los afiliamos al sistema de seguridad social.

El compromiso es de todos. De nada sirve decir que tenemos identificados a más del 80 por ciento de los venezolanos que se encuentran en Colombia; que hemos realizado más de 24.000 jornadas de control para ubicar aquellos migrantes que están en condiciones irregulares; o que sancionamos a más de 700 empresas por contratar extranjeros sin cumplir con los requisitos, si no entendemos que la migración ordenada y segura que reclama la región, la construimos todos a partir de nuestras acciones.