La Ley de Infraestuctura y su invitación al sector privado

La reciente Ley 1882 de 2018 incorpora múltiples novedades, una de ellas es la posibilidad de presentar iniciativas privadas de APP frente a departamentos, distritos y municipios, cuya retribución al inversionista pueda consistir en derechos reales sobre inmuebles. De esta manera el Legislativo venció las prevenciones de las autoridades de Hacienda y Planeación Nacional, que habían limitado este tipo de proyectos a iniciativas de origen público.

A partir de esta reforma, un inversionista podrá presentar al ente territorial un proyecto de infraestructura que tenga como fuente de pago la enajenación de derechos de propiedad de las unidades inmobiliarias no destinadas a prestar el servicio. Es decir, un particular podrá estructurar y presentar un proyecto para construir y operar un nuevo portal de transporte público. Para pagar la inversión, en los predios públicos se podrán generar edificaciones destinadas al comercio o la vivienda que se venderían como unidades inmobiliarias o a través de mecanismos de titularización.

Sin esta ley, la única posibilidad del inversionista consistía en arrendar o comercializar el uso de las unidades inmobiliarias, sin transferir la propiedad. Ahora, la nueva normativa elimina una rigidez que afectaba la viabilidad de proyectos de infraestructura y equipamientos urbanos necesarios para el desarrollo de las ciudades.

Esta posibilidad refuerza el mensaje de que el Estado y la sociedad pueden valerse de los capitales, innovación y tecnologías del sector privado y satisfacer mejor las necesidades públicas, en especial a nivel urbano.

Con la nueva herramienta, los mandatarios locales tienen la oportunidad de generar estrategias y tramitar proyectos dirigidos a captar valor del suelo sin comprometer los recursos públicos, destinados a las necesidades sociales más apremiantes. Será necesario reforzar la capacidad técnica de las instituciones territoriales para que los proyectos maduren con el diálogo fluido entre particulares y Estado.

Por su parte, el sector privado tiene la tarea de presentar proyectos viables, innovadores y que vinculen a jugadores con músculo financiero que otorguen la confianza de que podrán ejecutarse, lo que reduce el desgaste administrativo y facilita a las autoridades territoriales a tomar las decisiones correspondientes.

*Socio de Infraestructura Legal.