La revolución energética requiere de soluciones integrales

La frase se repite tanto que se ha convertido en un lugar común: la matriz energética colombiana es excepcional. Que un país de casi 50 millones de habitantes pueda generar el 70 por ciento de su energía con base en el agua representa un gran privilegio. Además, la crisis energética de los años noventa obligó al gobierno a sofisticar el sistema eléctrico para asegurarse de que el clima no amenazara su estabilidad. Si hoy nuestra matriz no tuviera el entramado de incentivos que le permiten operar en situaciones adversas bajo la presión de la sequía e, incluso las etapas de exceso de lluvias, las condiciones cíclicas y extremas provocadas por el cambio climático tendrían la economía en jaque.

En efecto, Colombia emite solamente el 0,37 por ciento del total de los gases de efecto invernadero que son la fuente principal del fenómeno del cambio climático. Mientras tanto, el peso de nuestra economía en el PIB global es de 0,46 por ciento. El país está, sin embargo, firmemente comprometido con disminuir sus emisiones entre 20 y 30 por ciento para 2030.

Esa es una buena idea ante todo por la urgencia de tomar medidas para que la temperatura del planeta no se incremente más de 2 grados en los próximos 100 años. Si este aumento tuviera lugar sus efectos incluirían una disminución de 16 por ciento en la producción de trigo y de 6 por ciento en la producción de maíz, un incremento de 50 centímetros en el nivel del mar para 2100, y la pérdida de casi todos los arrecifes de coral del mundo.

En resumen, el cambio climático puede ser, fuera de las películas apocalípticas de Hollywood, la primera amenaza de extinción masiva que enfrenta la especie humana en su conjunto. A diferencia de los filmes, el apocalipsis climático no llegará sin previo aviso: ya sabemos lo que tenemos que hacer para prevenirlo.

Además de su impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las decisiones que involucran las fuentes de energía tienen consecuencias en toda la economía. La primera y más directa afecta los precios: los de la gasolina, el diésel y la energía eléctrica, son parte clave de la composición de tarifas del transporte, la canasta básica y todos los bienes y servicios que consumen los ciudadanos de forma cotidiana. Que los precios de la energía sean accesibles es un tema clave para la política social: los hogares gastan el 30 por ciento de sus ingresos en alimentación y 10 por ciento en transporte, ambos altamente dependientes del costo de la energía. Su precio es clave para el combate a la pobreza.

Ese bus sí contamina

Otro tema que no se tiene en cuenta de manera satisfactoria en el debate de la energía es el de la salud. Aunque nuestras grandes generadoras de energía son en su mayoría limpias, y aquellas que contaminan están lejos de las poblaciones y la preocupación de su impacto sobre la salud no es significativa, el transporte sí tiene un enorme impacto en la salud de los ciudadanos, particularmente sobre los niños menores de 4 años, los adultos mayores y las personas en situación de pobreza que viven cerca de las zonas más contaminadas.

La actual licitación para los buses de TransMilenio en Bogotá es un caso ejemplar de la dificultad de conectar a los distintos sectores. Después de varios años de posponer decisiones difíciles, TransMilenio está en una situación financiera compleja. Solo entre 2017 y 2018 el precio del pasaje ha incrementado 20 por ciento. Detener el alza de las tarifas es uno de los motivos por los cuales la administración distrital no hace una mayor apuesta por la inclusión de tecnologías más limpias en la licitación, junto con la confiabilidad de tecnologías que, en su opinión, no son lo suficientemente estables como para garantizar el servicio del que dependen 4 millones de bogotanos.

Si existiera una forma efectiva para que los costos al sistema de salud fueran un argumento para esta licitación el panorama sería diferente: de los 3,9 billones de pesos que según el Departamento Nacional de Planeación se perdieron en 2015 en conexión con la mala calidad del aire, una buena proporción corresponde a Bogotá. Resulta ridículo que el diésel, que en términos prácticos produce más enfermedad, muerte y pobreza, sea el favorecido en un proceso de licitación pública.

La integralidad será la condición básica para el éxito de cualquier política pública en el futuro; las empresas y los actores sociales no funcionan en silos, y el sector público no puede estar en desventaja. En energía es particularmente importante la inteligencia con la que tomamos decisiones sobre nuestras fuentes ya que es determinante para el bienestar de la humanidad.

*Directora de Semana Sostenible.