¿Hacia dónde debe ir la política de vivienda?

Una de las conclusiones del más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) sobre Colombia es la preocupación acerca de las grandes desigualdades regionales que enfrenta el país, en lo que coincide con las reflexiones que han tenido el Foro Económico Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Allí se señala la necesidad de profundizar políticas para corregir este fenómeno y que a su vez contribuyan a un mayor crecimiento.

En materia de infraestructura de vivienda –uno de los temas que señala el informe–, el gobierno de Juan Manuel Santos deja importantes avances que inciden en los indicadores de pobreza y desigualdad y sobre los que vale la pena seguir trabajando, pero es necesario complementar estos esfuerzos con intervenciones de carácter territorial.

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 indicaba la necesidad de poner en marcha acciones en infraestructura de transporte, agua potable, educación, salud y capacidad institucional territorial, áreas estratégicas para cerrar brechas entre las diferentes subregiones y departamentos del país. Allí se identificaba la vivienda como un área esencial para aumentar la población que pasaba de la franja vulnerable a la clase media.

Los resultados de estos esfuerzos han sido destacables. Entre 2010 y 2017, la reducción en el índice de pobreza multidimensional fue de 13,4 puntos porcentuales, lo que significa que cerca de 5,4 millones de personas salieron de la pobreza. En esto fueron esenciales los avances en vivienda: el déficit habitacional pasó de 12,5 en 2005 a 5,2 por ciento en el último año; se impulsó la construcción de 1,75 millones de viviendas, de las cuales más de 1 millón fueron financiadas por la Nación, más de 270.000 de ellas de manera gratuita. Adicionalmente, a comienzos de 2018 el Gobierno aprobó 1,2 billones de pesos para impulsar la compra de vivienda nueva, con lo que se logrará que las cuotas hipotecarias sean estables en el tiempo.

Estos son avances indiscutibles y es preciso trabajar sobre ellos. Al respecto, el presidente electo, Iván Duque, ha propuesto una estrategia para construir 900.000 viviendas nuevas y mejorar otras 600.000. Este plan contempla medidas como la profundización de los mercados financieros y la ampliación de la duración de los créditos hipotecarios, préstamos más blandos para los hogares de menores ingresos y la ampliación de los programas de arrendamiento con opción de compra.

Aunque esto muestra cierta continuidad con las políticas del gobierno Santos y apunta hacia la consolidación de los avances del sector, no cierra las brechas regionales que siguen existiendo en el país y que han sido caldo de cultivo de los principales males que nos aquejan. Por eso, es necesario complementar las intervenciones sectoriales con enfoque territorial, donde además de aspectos como los de vivienda, se incluyen acciones en acueducto y alcantarillado, saneamiento básico, infraestructura de transporte, servicios de salud y acceso a tecnologías de información y comunicaciones. Esto es especialmente prioritario en regiones en las que la presencia del Estado ha sido históricamente más débil.

La dispersión de la población seguramente haría que este tipo de intervenciones con enfoque territorial no se traduzca de manera inmediata en indicadores como los señalados arriba. Pero también es claro que solo con este tipo de proyectos, en los que se provean bienes y servicios públicos de manera integral, se contribuiría de manera decidida a la integración regional que requiere el país y que es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, planteada por las Naciones Unidas.

La lucha contra la pobreza que se ha librado en los últimos años, con claros resultados en múltiples frentes, es prueba del éxito de los esfuerzos de carácter integral en el diseño de la política social y debe ser el referente para el diseño de políticas hacia la integración territorial.

*Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia.