Si se protegen los acuerdos de paz, se protege a los líderes sociales

No puede aseverarse en justicia que el asesinato de los líderes sociales sea un fenómeno nuevo, aunque sí es cierto que esta práctica nefasta se ha intensificado recientemente. Sin duda, las dificultades en la implementación del Acuerdo del Teatro Colón han contribuido a ese fenómeno. Tampoco puede desestimarse la complejidad de sus causas. Uno de los temas que preocupa es la tendencia a darle un color político a esta situación. En efecto, la diversidad de las víctimas demuestra que existe un universo amplio de motivaciones.

Los líderes que actúan en el desarrollo del acuerdo, en cuanto a la sustitución de cultivos, padecen la respuesta violenta de las mafias del narcotráfico interesadas en mantener vivo el negocio y en controlar sus canales. Pero también se ven afectados los líderes reclamantes de tierras, los defensores de los derechos humanos y los promotores de la protección de la diversidad sexual. Este marco abigarrado muestra que estos asesinatos se presentan por múltiples causas, a las que hay que sumar los sucesos aleatorios y desarticulados.

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Superar el problema de los cultivos ilícitos de forma voluntaria sería el mejor desincentivo para los crímenes relacionados con esa actividad. La reforma rural integral, por su parte, al proveer el acceso a la tierra y al estabilizar el campo, también reduciría de manera importante los hechos que afectan a los reclamantes. Así mismo, la puesta en aplicación de la justicia transicional con su componente de no repetición sería otro camino adecuado para enfrentar esta situación.

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Capítulo aparte merecen las muertes violentas de excombatientes de las Farc. Según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, se han presentado 147 asesinatos, 12 desapariciones y 21 tentativas de homicidio.

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Lo que queda claro es que una implementación rápida e integral del Acuerdo de Fin del Conflicto contribuiría a proteger a las víctimas de algunas de esas manifestaciones.

*Abogado y jefe del Equipo Negociador del Gobierno con las Farc-EP.