POSCONFLICTO
Un país de líderes sociales
En eso se ha convertido Colombia en el proceso de implementación de los acuerdos de paz, pues han surgido toda clase de movimientos que buscan generar cambios en comunidades y territorios directamente afectados por el conflicto.
El posconflicto ha desencadenado varios procesos sociales participativos, animados por la expectativa de reformas. Un ejemplo es la movilización de 160.000 líderes que, desde 27.000 veredas de 170 municipios, contribuyeron entre 2017 y 2018 a formular Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Según datos de la Presidencia de la República, como resultado de esa participación se identificaron 21.000 proyectos locales y municipales y se generaron insumos para 17 planes de acción de transformación regional.
Por otro lado, de los 215.000 pequeños cultivadores y recolectores de zonas cocaleras que acudieron a la convocatoria para realizar pactos de sustitución concertada de cultivos ilícitos, 99.000 firmaron contratos de Planes de Acción Inmediata para incorporarse a la reforma rural integral. Tras ellos, conducidos por líderes asociados en juntas comunales y en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), otras 200.000 familias de economías encadenadas han manifestado su interés de participar en la reforma: un verdadero tsunami hacia la legalidad que ha desbordado la capacidad de respuesta del Gobierno.
Con respecto al capítulo étnico del acuerdo, las organizaciones indígenas y de comunidades negras también se han movilizado exigiendo su cumplimiento, en expresiones como la minga. Lo mismo ha ocurrido con diferentes colectividades que agrupan, por ejemplo, a mujeres, a ambientalistas y, en general, con defensores de todo tipo de derechos, quienes han compartido sus iniciativas, sobre todo en las regiones más críticas, para contribuir a la formulación de instrumentos de política pública.
La gran falencia del Gobierno ha sido ver a los defensores de la implementación integral y sin reformas unilaterales de los acuerdos (especialmente en justicia, reforma rural y política) como incómodos opositores. En el caso de los cocaleros, por ejemplo, hoy se escuchan voces de estigmatización que dejan a la merced del narcotráfico a 300.000 familias decididas a vivir legalmente. ¡No podemos echar para atrás!
