Vivir en peligro, la realidad de los grupos afro e indígenas en Colombia

Los grupos étnicos de Colombia vivimos en permanente riesgo. Los hechos demuestran nuestra vulnerabilidad. En marzo de 2017 el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo estableció que al menos 788 familias de Buenaventura, de los consejos comunitarios de Juanchaco, Ladrilleros y La Barra, estaban en peligro debido a la presencia de distintas organizaciones armadas.

En ese año el SAT dio otros reportes alarmantes. Informó que cerca de 935 afrocolombianos habían abandonado sus comunidades en el Alto Baudó por los enfrentamientos entre los paramilitares, el ELN y la fuerza pública. Y se supo que, por la misma causa, fueron desplazados 219 afrodescendientes de Tumaco, de las veredas de Bajo Jagua. De igual forma, los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) dan cuenta de la violación sistemática de los derechos fundamentales de las comunidades dueñas de sus territorios. En 2016 se informó que alrededor de 11.363 personas fueron desplazadas del Pacífico por causa de la guerra armada entre los actores ilegales que se disputan el territorio.

Ante este panorama la única posibilidad real para garantizar la supervivencia de las comunidades étnicas se halla en el cumplimiento del acuerdo de paz. Por eso le hemos pedido a la administración del presidente Duque que centre sus esfuerzos en garantizar los derechos de las regiones golpeadas por la guerra. La fase del posacuerdo, en la que navegamos hoy, no puede estar plagada de incertidumbres y ataques a la paz. Las comunidades exigimos seguir adelante con lo pactado y, especialmente, con el capítulo étnico. Es fundamental implementar y fortalecer la guardia cimarrona e indígena en los territorios. Es necesario adelantar la reforma rural integral. Para ello se debe crear y modificar un conjunto de normas que garantice la realización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Y se requieren garantías de seguridad para los líderes, lideresas y excombatientes que construyen nación desde sus regiones.

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Es indispensable avanzar con la participación política de las víctimas mediante la aprobación de curules para ellas; y es clave la apertura democrática para construir la paz regional pero, sobre todo, el Gobierno debe dejar de atacar al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, del cual hace parte la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El apoyo decidido de la comunidad internacional ha sido clave en estos esfuerzos comunitarios de paz. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) ha respaldado la campaña pedagógica de paz y de soporte a los líderes sociales ‘Lidera la vida’, de la que hace parte Afrodes, la organización que represento.

Usaid, a la cabeza de su director, Larry Sacks, manifestó su compromiso con esta iniciativa y ha ejercido una valiosa labor de responsabilidad social en Colombia. Ha llevado a las regiones más apartadas de la nación sus programas de ayuda comunitaria. Con ellos se construyen propuestas de paz mediante proyectos enfocados en el desarrollo social en cada población. Pero también hemos recibido el apoyo del Viejo Continente. La Unión Europea lanzó la campaña ‘Defendamos la vida’, como una forma de respaldar a los líderes sociales que son perseguidos.

El Gobierno colombiano debe trabajar de manera decidida con las comunidades, la cooperación internacional y el sector privado para brindarles mejores opciones de vida a los más necesitados, a quienes más golpeó la guerra. Los diversos grupos étnicos de Colombia merecemos garantías reales y efectivas para vivir en ambientes seguros y avanzar en la construcción de la paz y de regiones más prósperas.

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