Comprometido con la paz

Hace año y medio, cuando le ofrecieron el puesto de consejero presidencial de paz, Emilio Archila trabajaba cómodamente en su oficina de abogados y era director de estudios del Departamento de Derecho Económico del Externado. Si no fuera porque había votado Sí al plebiscito, probablemente no habría aceptado. Pero asumió el cargo como un asunto de coherencia moral.

Tiene nada menos que la responsabilidad de implementar lo que las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos pactaron en La Habana. Y ha contado con la virtud de hacerlo sin politizarse, de manera práctica, casi gerencial.

Con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) –inaugurados en el Gobierno anterior– construyó el diálogo social más ambicioso de la historia del país. En este, los habitantes de 171 municipios y 11.000 veredas donde también viven unos 3.500 excombatientes, participan en el trabajo por mejorar sus condiciones de vida. El Estado por fin está llegando con vías, escuelas, agua y electricidad. Los principales garantes de la paz.

Archila ha demostrado que el gobierno de Duque, con varias reservas sobre los acuerdos, puede aplicar lo pactado independientemente del concepto que el presidente tenga de esto, pues ve su implementación como una política de Estado y no de Gobierno. Se cercioró de propiciar una integración fluida entre su política de paz con legalidad y el cumplimiento de los acuerdos en lo que él denomina una hoja de ruta única. Y ha asignado recursos destinados específicamente a la implementación, algo que parecía muy poco probable en un Gobierno que votó No a los acuerdos.