Un alimento primordial y benéfico del que poco se habla: la paz

El conflicto armado ha impactado drásticamente el derecho a la alimentación. La accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los alimentos se han visto directamente violentadas por el despojo de tierras, el desplazamiento forzado y los cultivos ilícitos. Así lo reconoció el Acuerdo Final, en el que se incluyó la Reforma Rural Integral, con el sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de la población rural. Ahora es momento de evaluar cómo ha avanzado la implementación de este componente.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron la estrategia construida a 15 años con el fin de priorizar la ejecución del Acuerdo Final en los territorios. Para llevarla a cabo se escogieron 170 municipios según su índice de pobreza, la presencia de economías ilícitas, la ausencia institucional y la afectación por el conflicto. No es sorpresivo que la mayoría coincidiera con el mapa de inseguridad alimentaria (Insah) que se tenía hasta ese momento.

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de 2015, el Insah fue de 54,2 por ciento en todo el país, con mayor prevalencia en las áreas menos urbanizadas y dispersas. El desplazamiento forzoso en las zonas rurales fue una de las causas principales de este porcentaje. Las regiones y los departamentos con mayores índices de inseguridad alimentaria fueron la Caribe, donde Sucre tuvo el 73,9 por ciento; la Orinoquia, Vichada marcó 70,1 por ciento, y la Región Pacífica, Chocó llegó al 76,8 por ciento. Las cifras son más dramáticas en las comunidades indígenas y afrodescendientes, con 77 y 68,9 por ciento, respectivamente.

Para ayudar a la implementación de los PDET, el Gobierno nacional articuló y fortaleció el trabajo focalizado de la Unidad de Restitución de Tierras, el cual se concentró en dos procesos; el primero: la restitución jurídica y material de los predios; el segundo: la protección jurídica de los predios abandonados y despojados. A la fecha, según las cifras oficiales, la Unidad les ha devuelto 380.455 hectáreas a 70.277 personas. Para asegurar la sostenibilidad del retorno de las víctimas se han implementado 4.462 proyectos. Ambos procesos buscan la protección del derecho a la alimentación.

Si bien dichos números podrían ser alentadores, al contrastarlos con el número total de víctimas en el país, parecen mínimos. De hecho, la Fundación Paz y Reconciliación ha revelado que muchos de los municipios que fueron priorizados para el posconflicto y donde antes operaban las Farc, hoy tienen presencia de otros grupos armados ilegales. Sin embargo, también dio un mensaje esperanzador al recordar que en muchos otros lugares de la Nación se ha superado la violencia y la institucionalidad está fortalecida. Estos territorios recuperan la paz y la protección de sus derechos y con ellos la seguridad alimentaria de sus habitantes. 

del suelo rural en el origen del conflicto, la priorización de territorios para llevar a cabo las estrategias de implementación del Acuerdo, y las cifras sobre la Insah en zonas donde se consolida el posconflicto, demandan estrategias estructurales, no solo asistenciales, que garanticen el derecho a la alimentación de las poblaciones más vulnerables. Para conseguirlo se debe hacer énfasis en el desarrollo y la consolidación de los procesos de formalización de la propiedad y la tenencia de la tierra, el fortalecimiento de la vocación productiva, la asistencia técnica y empresarial a la población campesina y la reducción de la intermediación entre los productores y los consumidores. Un campo fortalecido es el verdadero camino a la consolidación de la paz.

*Docente e investigadora de la Universidad de Medellín, y docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Lea también: ¿Por qué Colombia no puede brindarles seguridad alimentaria a sus ciudadanos?