¿Cómo cambió la prestación de los servicios públicos en Colombia después de 1994?

Si funcionan los servicios públicos, funciona el país: esa es la premisa que repetimos a diario en el equipo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esa frase es el motor que nos recuerda que tenemos una responsabilidad gigante en nuestras manos y nuestra labor.

Empecemos haciendo una reflexión: sin energía y agua, ¿cómo funciona correctamente un hospital? ¿Cómo realizar un procedimiento de emergencia sin la correcta prestación de estos servicios? Sin energía, ¿cómo funciona una escuela? ¿Cómo nos conectamos al mundo a través de internet? Sin gas, ¿cómo se cocinan los alimentos de la mayoría de las familias colombianas? Sin servicios públicos, ¿cómo funciona un país?

Al cumplirse 25 años de la Ley 142 de 1994 vale la pena hacerle un pequeño tributo, porque fue esta normativa la que revolucionó por completo el mercado del sector de los servicios públicos domiciliarios: permitió pasar del monopolio de los servicios públicos a cargo del Estado a un escenario de libre competencia, con nuevos actores que se integraron al modelo, mejorando la prestación del servicio e impulsando el crecimiento económico del país. Hoy, la Superintendencia tiene más de 3.600 actores vigilados, de los cuales 75 por ciento son pequeños prestadores.

Esta ley no solo fue la que le dio vida a la Superintendencia para su labor de inspección, vigilancia y control, también le otorgó a la entidad la administración del Sistema Único de Información (SUI); este, en su momento, fue un avance importantísimo para contar con información centralizada, hacer seguimiento y mejorar la prestación del servicio, que está constantemente en evolución tecnológica.

Pero quizá el aporte más grande proviene de su espíritu de protección al ciudadano y usuario. La ley entiende perfectamente que el objetivo del Estado es estar al servicio de la gente, acercándose a ella y tendiendo puentes para escucharla y solucionar sus problemas; estar al lado de sus ciudadanos e impulsar el crecimiento de sus empresas.

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Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, del Dane, el 96,3 por ciento de los colombianos cuenta con energía eléctrica, el 86,4 por ciento con acueducto, el 76,6 por ciento con alcantarillado, el 68,8 por ciento con gas natural y el 81,6 por ciento con servicio de aseo. Estamos muy lejos de lo que éramos hace 25 años: hoy somos un país mucho mejor. A lo largo de ese cuarto de siglo nos hemos transformado y hemos evolucionado. Hoy Colombia es uno de los pocos países que crecerá económicamente en la región y estamos orgullosos de saber que, desde nuestra labor, sostenemos la base del funcionamiento social.

Sin lugar a dudas, la Ley 142 de 1994 es una de las que más estabilidad y resultados ha tenido desde la Constitución Política de 1991. Sin embargo, no podemos desconocer que, durante este mismo lapso, tanto el mercado, la jurisprudencia de los servicios públicos, la tecnología, el consumidor y el mundo entero han cambiado aceleradamente. Por eso llegó el momento, una vez más, de evolucionar el régimen de los servicios públicos para reestructurar y fortalecer la gestión de la Superservicios.

Es hora de pensar en un proyecto que fortalezca el sector desde la entidad, que amplíe las facultades preventivas, vigorice el Fondo Empresarial de la Superservicios y adopte como legislación permanente el incremento de las sanciones. Así mismo, es importante incrementar la facultad sancionatoria de la Superintendencia, algo que introdujo la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y asimilar el concepto de la vigilancia integral; además de robustecer la lucha de los prestadores y la Superservicios contra el fraude en servicios públicos domiciliarios.

Así contaremos con más herramientas modernas, de cara al momento que vivimos. Sí, aún tenemos muchos retos de cobertura y en materia de sostenibilidad ambiental, pero las leyes también tienen etapas: la 142 se hizo adulta y es hora de que asuma los cambios que trae consigo esta responsabilidad. El mundo cambió, y la Superintendencia también debe hacerlo, porque entre mejor funcionen los servicios públicos, mejor funcionará el país.

*Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios.