Las claves para garantizar el servicio de energía

La energía eléctrica es el servicio público que llega a un mayor número de colombianos. Cubre el 97 por ciento de la población, lo cual es muy significativo porque gracias a ella operan otros servicios como el agua potable, la telefonía, el gas natural, internet y las telecomunicaciones, así como las industrias, hospitales, colegios. Sin energía eléctrica todo se paralizaría.

Esa energía se transporta hasta los lugares más apartados del país a través de 26.000 kilómetros de redes de alta tensión (torres, cables, subestaciones). Estas redes, como dice la presidente del Grupo Energía Bogotá, Astrid Álvarez, son las arterias de Colombia, las que llevan la energía a ciudades y zonas rurales. Las que permiten que el país se desarrolle y crezca.

En los últimos 25 años el sector ha tenido un gran avance. La población atendida pasó de 24,8 millones a 46,5 millones de personas, se expidió una ley de servicios públicos y surgieron empresas sólidas, confiables y competitivas, que cuentan con profesionales altamente capacitados, técnicos, que le han dado una nueva cara.

Una de estas empresas es el Grupo Energía Bogotá, la segunda transportadora de energía eléctrica del país, con cerca del 20 por ciento del mercado de transmisión y una trayectoria de más de 120 años. Hoy es un importante jugador del sector energético en América Latina, con presencia en Colombia, Brasil, Perú y Guatemala y con un portafolio de 16 empresas de energía eléctrica y gas natural.

El Grupo emprendió un proceso de transformación hace casi cuatro años con la llegada a la presidencia de Astrid Álvarez, que puso en marcha un Plan Estratégico Corporativo para enfrentar nuevos retos y ser una compañía de talla mundial.

Esa estrategia está basada en dos pilares. El primero, un Gobierno Corporativo sólido, que le ha permitido al Grupo un manejo más transparente y también independiente del Distrito Capital, que tiene el 65,7 por ciento de las acciones. El Grupo ha implementado las recomendaciones que le aplican de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), llegando al 92 por ciento.

La otra gran apuesta es por la sostenibilidad. La empresa invierte para mejorar la calidad de vida de las comunidades donde está presente, respeta y preserva el medioambiente. “Más que llevar energía eléctrica y gas natural queremos ser reconocidos por llevar progreso y bienestar a las comunidades”, dice Álvarez, quien destaca como uno de los principales atributos de los colaboradores la conciencia social para transformar los territorios.

El Grupo tiene en marcha proyectos de valor compartido y de inversión social por donde pasan sus proyectos (ver recuadro Energía para la Paz). Protege el patrimonio arqueológico en Colombia, Perú y Guatemala, empodera a las mujeres que administran comedores populares en Perú, y a indígenas en Guatemala que bordan trajes típicos. Además, realiza compensaciones ambientales y generación de conocimiento para el adecuado manejo del medioambiente y la adaptación y mitigación del cambio climático, enmarcadas en el respeto por los derechos humanos y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Alerta por atrasos

Sin embargo, pese a los avances del sector y la competitividad de las compañías, todavía el 3 por ciento de la población no tiene acceso al servicio, especialmente en zonas apartadas (1,5 millones de colombianos) –en áreas rurales el 11,3 por ciento de las viviendas no cuentan con energía eléctrica–.

La buena noticia es que están en marcha varios proyectos para contribuir a cubrir ese déficit. Pero muchos están frenados por la demora en el trámite de las licencias ambientales y la realización de consultas previas con las comunidades étnicas, entre otros.

Por eso, el Grupo Energía Bogotá ha lanzado una voz de alerta para que todos los actores involucrados articulen esfuerzos y puedan completarse estos proyectos estratégicos. No solo se debe atender la demanda creciente sino también transportar oportunamente la energía que se producirá con fuentes renovables no convencionales a todo el país. La compañía, junto con Andesco, trabaja en un proyecto de ley para agilizar la ejecución de los proyectos de infraestructura del sector de servicios públicos.

Entre los proyectos de transmisión del Grupo Energía Bogotá que presentan atrasos se encuentran Tesalia (cinco años), Chivor-Norte (cuatro años), Proyecto Sogamoso (dos años), que pueden poner en riesgo la prestación del servicio en diferentes zonas del país.

El proyecto Chivor II – Norte debió ser licenciado en cuatro meses y han pasado más de tres años sin obtener la licencia. La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha reconocido la gravedad del tema y sostiene que debido a las demoras en los proyectos no solo se está poniendo el riesgo la prestación del servicio de electricidad, sino también que los colombianos han tenido que pagar 2 billones de pesos de sobrecostos en sus facturas por las restricciones.

De ahí que se requieran articular los esfuerzos de todos los sectores, del Gobierno nacional, en cabeza de los Ministerios de Energía, del Interior, del Medio Ambiente, de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), de las altas cortes, los jueces, el Congreso, los gobiernos locales y departamentales, y las empresas para fortalecer el sistema de transmisión, seguir impulsando el desarrollo y evitar que se ponga en riesgo el crecimiento del país.

Iniciativas como el uso obligatorio de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital), en cabeza del Ministerio de Ambiente, constituye una importante señal del Gobierno nacional en este sentido.

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