Unidos para defender la vida y la paz

El homicidio de una persona defensora de derechos humanos no puede reducirse a un dato numérico. Por eso, siempre he insistido en afirmar que si hay un solo defensor o defensora asesinado habremos fallado en la protección de su vida y de su labor. Habremos fallado como sociedad y como seres humanos.

En el caso de los homicidios de defensores en Colombia, debo decir con tristeza que a todas estas personas las conocíamos, sabíamos de su gran labor, de su valentía y compartimos su compromiso universal por aportar igualdad y dignidad.

En el país defender derechos humanos es una actividad de alto riesgo. Las violaciones se producen en un contexto de estigmatización de la labor de defensa de derechos humanos, especialmente, de quienes viven en zonas rurales. Estas regiones se caracterizan por falta de servicios básicos adecuados, altos niveles de pobreza, existencia de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados ilegales y grupos criminales.

Además, existe una necesidad urgente en el país de disminuir las brechas en el disfrute de todos los derechos, especialmente en los derechos económicos, sociales y culturales, así como en el acceso a la justicia. Las personas que defienden derechos humanos en el ámbito rural o comunitario en Colombia se enfrentan a un mayor nivel de riesgo que otros defensores y representan la mayor parte de las víctimas.

Desde 2016 a la fecha hemos documentado el homicidio de más de 300 personas defensoras de derechos humanos. Durante 2019, de enero a noviembre, la oficina que dirijo hizo seguimiento y documentó el homicidio de 80 defensores, de los que 12 eran mujeres y dos más integraban la población LGBTI. Otros casos de homicidio de los que hemos recibido información están aún en proceso de seguimiento. Este número no es necesariamente el universo total de homicidios de defensores en Colombia, pero permite identificar las causas estructurales que derivan de la falta de presencia integral y efectiva del Estado.

Nuestra oficina valora la existencia en el país de un marco normativo y políticas públicas que buscan atender y prevenir el ataque a defensores, el desafío sigue siendo la articulación para que se implemente dicho marco y logre ser efectivo. Quiero destacar la labor de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría que han desarrollado espacios participativos como las Mesas por la Vida, la campaña Lidera la Vida y cumbres de diálogo social, espacios en los que hemos confirmado la necesidad de mayor efectividad en la prevención y protección de la vida de quienes defienden los derechos humanos.

Nuestra obligación como parte de la comunidad internacional, con un mandato claro de derechos humanos, es acompañar, inspirar e instar al Estado a que avance aún más, entre otras cosas, en que todos los asesinatos, ataques y amenazas se investiguen adecuadamente y a que los perpetradores, incluidos los autores materiales e intelectuales, sean llevados ante la justicia, y no vuelva a haber espacio para cometer homicidios ni ataques contra defensores de derechos humanos.

“Los derechos humanos son universales. Para convertirlos en realidad hay que crear entornos incluyentes y seguros, libres de violencia… La labor que realizan los defensores de derechos humanos es sumamente valiosa para toda la sociedad y debe recibir protección”. Finalizo con estas palabras de la alta comisionada, Michelle Bachelet. El momento de la protección de sus vidas es ahora. No hay tiempo que perder, no podemos fallarles más.