Piden la destitución de Bolsonaro en Brasil por mala gestión de la pandemia del coronavirus

Opositores del actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, convocaron a manifestaciones en las principales ciudades del país para pedir su destitución por su mal manejo de la pandemia del coronavirus.

En la capital, Brasilia, la convocatoria fue impulsada en principio por el Partido de los Trabajadores y el Partido Comunista de Brasil; el recorrido fue de aproximadamente diez kilómetros, con destino a la Explanada de los Ministerios.

De acuerdo con Europa Press, Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, argumentó que el llamado a las calles de las ciudades para alejar a Bolsonaro de la Presidencia no traería como consecuencia inestabilidad política en el país, pues ya se desestabilizó “con esta crisis tan grave”.

De igual manera, se registraron protestas en Río de Janeiro o Recife. De otro lado, en la ciudad de São Paulo las manifestaciones comenzaron en inmediaciones de la sede de la Asamblea Legislativa estatal y se desplazaron hasta el centro de la ciudad. En Belo Horizonte, la concentración fue en el estadio Mineirão y en Salvador hubo una caravana de vehículos que reunió a unos 500 automóviles.

Una encuesta revelada este sábado por Folha de São Paulo dice que el 40 % de la población considera que la gestión en medio de la pandemia del coronavirus por parte de la administración Bolsonaro es mala o pésima, frente al 32 % registrado en la encuesta de diciembre.

No obstante, el 53 % de los brasileños no creen que la Cámara de Diputados tenga que abrir un proceso de destitución criminal de responsabilidad contra el mandatario.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, Brasil es el tercer país con mayor número de casos de coronavirus, con 8,81 millones de contagios registrados, solo por detrás de Estados Unidos y la India, pero es la segunda nación con más muertos por el virus con 216.445 fallecidos.

Otra polémica a la que se enfrenta el gobierno de Bolsonaro es la protección de la Amazonia, en lo que se ha rajado de manera radical.

Se trata quizá del político que más daño le ha hecho al principal refugio natural de la humanidad. Su política, abierta a los grandes cultivos, las hidroeléctricas y las carreteras, le ha propinado un golpe mortal e irreversible al llamado pulmón del mundo, y de acuerdo con el diario The Guardian, el presidente de Brasil podría comenzar a responder ante la Corte Penal Internacional por lo que las comunidades indígenas y grupos ambientalistas describen como un “ecocidio”.

El último requerimiento lo hizo el abogado William Bourdon el viernes pasado. “Es un asunto de suma urgencia”, aseguró el jurista al diario británico. “Estamos corriendo contra reloj ante la impresionante devastación que sufre el Amazonas”, agregó. En noviembre, un grupo de activistas ya había enviado una nota a esa corte alertando sobre el genocidio que vivían las comunidades indígenas.

El cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonia, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue por “crímenes contra la humanidad” al presidente brasileño Jair Bolsonaro por “perseguir” a los indígenas, destruir su hábitat e ignorar sus derechos.

La denuncia, la segunda presentada contra el mandatario desde julio ante este organismo con sede en La Haya, asegura que desde su llegada al poder en enero de 2019 “la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida”. “La destrucción de la selva amazónica”, que es indispensable para regular el clima, sería “un peligro directo no solo para los brasileños, sino también para toda la humanidad”, subraya el texto publicado por el diario francés Le Monde.

Esta situación, “la más dramática de los últimos diez años, es resultado directo de la política de Estado del gobierno de Jair Bolsonaro”, que busca “eliminar todos los obstáculos para saquear las riquezas de la Amazonia”, agrega la denuncia de Raoni, que también cita a varios ministros.

Los denunciantes estiman además que esta política conduce a “asesinatos”, “traslados forzados de poblaciones” y “persecuciones”, que constituyen “crímenes contra la humanidad” en virtud del Estatuto de Roma de la CPI.

La CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, no está obligada a dar curso a las miles de denuncias presentadas ante su fiscal, Fatou Bensouda, que decide de manera independiente qué asuntos llegan a los jueces.