Crece polémica por minería y nueva delimitación de Santurbán

Desde hace casi 10 años el páramo de Santurbán es un tema recurrente en la agenda ambiental de Colombia. Esta vez la polémica se reactivó por cuenta de un video que se filtró y que muestra una reunión interna de la compañía minera Minesa, que desea explotar oro en un proyecto que tendría una vida útil de aproximadamente 20 años.

El proyecto se ubica por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga -capital del departamento de Santander y una de las ciudades más importantes de Colombia- y según el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán afectaría la cantidad y calidad del agua que consume esta población y más de 2 millones de personas que se surten del líquido proveniente de este ecosistema.

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El debate incluye otro componente importante y es que la empresa, en enero de este año, solicitó licencia ambiental a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pero la delimitación del páramo debe ser revisada nuevamente, según ordenó la Corte Constitucional del país, ya que no contó con procesos de participación claros y eficientes con todas las comunidades que se verían afectadas. Este proceso aún no acaba y por eso los líderes ambientales insisten en que no se debe aprobar la solicitud.

Un polémico video

La Sociedad Minera de Santander (Minesa) se estableció en noviembre de 2015 para desarrollar un proyecto que se anunciaba como la mina subterránea de oro más grande en Colombia, ubicada en los municipios de California y Suratá, en el departamento de Santander. Según indica la empresa, la mina “se encuentran fuera de los límites de Santurbán”.

A fines de abril de este año, se filtró en redes sociales un video de nueve minutos donde el presidente de la compañía, Santiago Urdinola, explica en una reunión privada la estrategia que ejecutan para sacar adelante la licencia ambiental. “Si yo tengo el mundo incendiado, pero en Bogotá sienten que estamos bien, estamos bien. Si los tomadores de decisión se sienten tranquilos, a pesar de que yo allá tenga una marcha diaria (…), nos funciona”, es una de las frases más polémicas del video.

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El presidente de Minesa también se queja en el video de la atención mediática que genera el proyecto, en especial de la cobertura que reciben los reclamos de la comunidad. Por eso, en el video insiste en que se debe recalcar el tema de oportunidades laborales y lucha contra la pobreza, pues puede ser la única forma de ganarle a los argumentos de defensa del agua. “Ellos van a hablar del agua y de que la estamos dañando”, dice en otra oportunidad.

Ante la divulgación del video la compañía aseguró que “Minesa lamenta que se esté malinterpretando un video de una reunión privada, que está sacada de contexto y sobre la cual se están haciendo referencias malintencionadas. Su posición es la misma que ha expresado públicamente y de manera transparente. No la cambia un video fuera de contexto y malinterpretado”.

A pesar de esto, el tema no acaba en estas polémicas declaraciones pues para este viernes 10 de mayo está programada una gran marcha por la defensa del agua y el páramo de Santurbán.

“Uno de los objetivos de la marcha es decirle al gobierno que no le otorgue la licencia ambiental a Minesa. Además, pedir una mayor inversión estatal en los municipios bajo el escenario de sustitución o reconversión de las actividades económicas en el páramo, por ejemplo, tecnificación en algunas actividades agrícolas y en el caso de la minería, la sustitución definitiva de esa actividad pues es incompatible con el ecosistema”, asegura Erwing Rodríguez-Salah, miembro del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y una de las personas que interpuso la tutela -mecanismo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales en Colombia- en contra de la resolución 2090 de 2014 que delimitaba inicialmente este páramo.

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Debido a lo polémico que resulta el asunto, la Anla anunció públicamente que solicitaría acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría en el trámite de la licencia de Minesa, como una forma de darle más garantías a todos los que se encuentran preocupados por el tema.

“Vamos a decirle no a la megaminería, al proyecto Sotonorte de Minesa. La minería arriba de las bocatomas del acueducto de Bucaramanga afecta el agua y no daremos licencia social para la actividad de ninguna minera”, le dijo Luis Jesús Gamboa, abogado, miembro del sindicato de trabajadores del Acueducto de Bucaramanga y uno de los convocantes a la marcha a Mongabay Latam.

En cuanto al video, Erwing Rodríguez-Salah dice que prefiere no distraerse en ese tema pues no hay elementos nuevos en el video sino la presunta confirmación de lo que siempre han buscado las mineras. “El primer debate para nosotros es con el Estado porque si cumpliera con sus obligaciones ambientales no daría cabida a los sofismas de minería bien hecha en los páramos”, dice.

Otro punto que le preocupa es que algunos aseguran que una cosa es la solicitud de licencia ambiental para un proyecto en la zona y otra la delimitación de Santurbán. “No se puede desligar cualquier solicitud minera del tema de la nueva delimitación, porque esta podría llegar a incluir la zona donde se desarrollará el proyecto de Minesa. Y más allá de eso, la legislación ambiental vigente hace inviable e indefendible cualquier proyecto que se ubique por encima de las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga”, recalca.

¿Cuándo se delimitará el páramo de Santurbán?

El gobierno colombiano ya lleva casi cinco años enfrentando las duras críticas que recibió la delimitación del Páramo de Santurbán en diciembre de 2014 y que sirvió como base para delimitar los otros 35 complejos de páramos del país.

Los movimientos de defensa del agua han insistido en que la resolución 2090 lo que hizo fue legalizar a las empresas mineras de la zona pues “quitó más de 30.000 hectáreas de lo que el Instituto Humboldt consideraba páramo, una cifra muy parecida a lo concesionado en títulos mineros. Contempla una zona de restauración donde se puede hacer minería, cuando sabemos que si hay algo incompatible con la restauración de un ecosistema es la actividad minera”, dice Rodríguez-Salah. Adicional a esto, quienes demandaron la resolución aseguran que siempre solicitaron los estudios económicos y sociales que se utilizaron, pero que el Ministerio de Ambiente nunca se los entregó.

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Todas estas inconformidades fueron escuchadas por la Corte Constitucional de Colombia, pero el argumento que finalmente logró que el tribunal fallara a favor de los demandantes fue que la delimitación no contó con un proceso fuerte de participación de las comunidades afectadas y se limitó a una socialización donde no hubo procesos de consulta y concertación.

La Corte le dio al Ministerio de Ambiente un plazo de un año -que venció el 16 de noviembre de 2018- para hacer la nueva delimitación, tiempo en el cual no se avanzó. El Tribunal Administrativo de Santander -delegado por la Corte para darle seguimiento a su sentencia- otorgó una prórroga de ocho meses, que vence el 16 de julio, pero todavía falta cumplir con muchas de las fases establecidas en el fallo judicial. Son siete y apenas se va en la tercera.

Jorge Iván Hurtado, subdirector de Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, afirma que la nueva delimitación del páramo de Santurbán está gobernada por un proceso de participación amplio.

“Estamos surtiendo en este momento la fase de consulta donde se le abren los espacios de diálogo abierto a la comunidad y los entes territoriales y locales para que expresen todo lo que quieran. La gente tiene muchas expectativas, muchos temores y prevenciones, pero también propuestas. Todo eso lo estamos escuchando para después ponderar la información y que se refleje en el acto administrativo que nuevamente expida el Ministerio para delimitar el páramo”.

Hurtado asegura que después de esto viene la etapa de concertación donde, reunidos nuevamente con las comunidades, se debe llegar a acuerdos. Pero también enfatiza en que esto se podrá hasta donde la ley lo permita. “Tampoco podemos concertar lo que la ley, por ejemplo, determina que no se puede”, asegura.

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¿Es posible seguir con todos los pasos que ordena la Corte cuando apenas quedan dos meses para que se cumpla el plazo de prórroga que se otorgó? Esa es una de las preguntas que se hacen las comunidades y los miembros del Comité para la Defensa del Agua. Hurtado asegura que tienen unos cronogramas que hoy le permiten al Ministerio cumplir el plazo y que ya están procesando la información.

Pero otros no lo ven tan viable. “No tenemos afán por delimitar Santurbán, lo que sí necesitamos es tenerlo protegido, es decir, que no le den licenciamientos ambientales a títulos mineros que están en la zona que puede ser susceptible de ampliar. Pedimos garantías”, le aseguró a este medio la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), una organización de Derechos Humanos que también participó en la acción de tutela sobre la que decidió la Corte Constitucional.

Según el CCALP, son siete fases las que ordena la sentencia y 17 meses después solo se va en la tercera. “Si en ese tiempo no se hizo lo que se tenía que hacer pues menos en dos meses”. Aseguran que la fase de convocatoria el gobierno la subsanó con una página web, a pesar de que no todas las comunidades parameras tienen acceso a internet y que muchas de ellas tienen incluso dificultades con la señal celular. También dicen que la fase de información fue insuficiente y que no quieren discutir el tema técnico con las comunidades.

El factor Bucaramanga

El CCALP y el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentaron en noviembre de 2018 una propuesta alternativa de delimitación. Lo que les preocupó fue que en una reunión con el Ministerio de Ambiente en abril pasado, la entidad aseguró que no tenía conocimiento de dicha propuesta, a pesar de que, según dicen, tienen confirmación de recibido.

Además del tema de participación, a las organizaciones de defensa del agua y el páramo les preocupa que la anterior delimitación no tuvo en cuenta estudios hidrológicos e hidrogeológicos en sus análisis, los cuales consideran indispensables. También aseguran que cinco años después el Ministerio no ha actualizado los estudios utilizados en 2014.

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“No hay medidas eficaces y efectivas para proteger estos ecosistemas porque después de la delimitación de 2014 se permitía la minería, si bien no en el área definida como páramo sí en zonas aledañas e integrales. Después nos dimos cuenta de unas falencias técnicas, que analizamos durante un año con un comité técnico-científico porque se le trasladó la carga de la prueba a la ciudadanía”, dicen desde el CCALP y Erwing Rodríguez añade que “sin estudios hidrológicos e hidrogeológicos, dentro de ellos la capacidad de retención de agua de los suelos de Santurbán, no es viable una delimitación bien hecha”.

Rodríguez-Salah asegura que la propuesta alternativa de delimitación pretende evidenciar los vacíos que rodean la política de protección de páramos en el país y posicionar un ejercicio técnico-científico coordinado desde la ciudadanía afectada. El Ministerio de Ambiente se reunirá con miembros del CCALP y del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán para discutir su propuesta, pero aún no se ha definido una fecha.

Finalmente, Jorge Ivan Hurtado, subdirector de Educación y Participación del Ministerio, asegura que muy pronto se dará a conocer la fecha de consulta en Bucaramanga, a la cual asistirá el ministro Ricardo Lozano. Esta era una de las críticas de los líderes ambientales luego de que el escenario fracasará en la parte informativa y no se hubiera reprogramado una nueva discusión.

La incertidumbre ahora está en si se dará una nueva prórroga para entregar la delimitación del páramo de Santurbán. El temor de los líderes ambientales es que el Ministerio presente un largo documento que no les permita tener el tiempo suficiente para revisarlo y presentar sus comentarios y sugerencias.

Lea el artículo original en Mongabay Latam: https://es.mongabay.com/2019/05/paramo-de-santurban-mineria-delimitacion-video-colombia/